Los dueños del tanatorio ilegal de Pontevedra piden amparo a la Xunta

Los promotores del tanatario ilegal de Pontevedra anunciaron ayer que se reunirán hoy con los responsables de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para evitar el derribo del centro, fijado para el día 12 tras una sentencia judicial. La idea de las funerarias es simple: si la APLU no evita la demolición, demandarán a la Xunta por daños y perjuicios. Aseguran, además, que la ley les permite construir otro en el mismo emplazamiento.

Central Funeraria, Alianza y Barros y Pompas Fúnebres levantaron en 1993 un tanatorio al lado del Hospital de Montecelo con una autorización de la Consellería de Política Territorial. El Tribunal Superior de Xustiza determinó cuatro años después, a instancias de un vecino, que la afección al suelo rústico no estaba suficientemente justificada. Los subsiguientes recursos dilataron el proceso durante más de una década.

Naír Fernández, abogada de las funerarias, asegura que la última modificación de la ley gallefa de ordenación urbanística, aprobada el pasado marzo, permitiría autorizar la edificación de otro tanatorio justo sobre los restos del que ahora se va a tirar. Un portavoz de las empresas entiende que la APLU puede emplazar al tribunal a que anule la orden de derribo. El presupuesto de este trabajo ronda los 200.000 euros, y la factura se pasará a las funerarias. En caso de que se lleve finalmente a cabo, las empresas anuncian una "obvia e irrenunciable demanda de una indemnización millonaria".