El plan de urbanismo de Tui persiste en las recalificaciones prohibidas

La cuarta versión del plan general de urbanismo de Tui que el gobierno local presenta para su aprobación por la Dirección Xeral de Urbanismo mantiene la recalificación de terrenos que aumenta la edificabilidad en parcelas de Provitui, la promotora inmobiliaria del hijo del alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, de la que el propio regidor del PP es apoderado. También mantiene en toda su extensión el polígono industrial de Ribadelouro y la dotación deportiva en la vega del Louro, que la anterior Xunta consideró ilegales: por envolver al núcleo de población de A Magdalena, en el primer caso, y por ocupar zona de protección especial de la Red Natura en el segundo.

La Dirección Xeral de Urbanismo ya rechazó desde 2003 tres propuestas de ordenación urbanística de Tui, con Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y María José Caride, sucesivamente, al frente de la consellería competente en el asunto. Ahora, en el plazo de tres meses, tendrá que pronunciarse Agustín Hernández. Las propuestas de planeamiento han ido adaptándose a los requerimientos de la Xunta hasta cumplirlos en plenitud, según el alcalde, aunque no parece que sea tanto así.

Tres conselleiros ya han rechazado sucesivamente el proyecto urbanístico

El Ayuntamiento pretende ocupar una zona de protección ecológica

El plan contemplaba en origen y hasta su penúltima versión la construcción de unas 20.000 viviendas que permitirían elevar la población de Tui, en ocho años, de sus 17.000 habitantes actuales a 60.000. La previsión de ingresos municipales en función de este incremento espectacular de la edificabilidad daba alas a su vez a una teórica solvencia financiera del Ayuntamiento para abordar equipamientos como ése deportivo de la vega del Louro, inicialmente de 160.000 metros cuadrados. Ahora se rebaja la edificabilidad total y la superficie del equipamiento se reduce a 75.000 metros, pero se mantiene su emplazamiento en terrenos de especial protección.

La rebaja de edificabilidad, por lo demás, se ha concentrado en los ámbitos rurales del municipio. En el casco urbano, donde Provitui ostenta sus principales promociones, Rocha insiste en duplicarla con edificios de bajo más cinco alturas.

Esta recalificación y otras circunstancias concomitantes motivaron la imputación al alcalde y a otros siete implicados -concejales y técnicos municipales- de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico en el denominado caso Patazumba. Provitui compró la finca de ese nombre y otros terrenos próximos del ámbito de Camfran, y el gobierno de Fernández Rocha, apoderado y padre del administrador único de la promotora, los recalificó luego en el plan general con el doble de edificabilidad. La causa penal abierta está pendiente desde hace dos años y medio de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de los imputados, que solicitaron la anulación del auto judicial que los culpabilizaba.

Pero el caso tiene otra derivación importante. En Patazumba hay un hórreo declarado bien de interés cultural que la ficha del plan general, en sus anteriores propuestas, señalaba "hórreo a trasladar". El juzgado y la Dirección Xeral de Patrimonio dictaminaron no sólo la imposibilidad de tal desplazamiento, según la Ley de Patrimonio, sino que debía extenderse una zona de protección en torno al hórreo de 50 metros de radio, lo que incluye también una casa.

Fernández Rocha presentó la anterior propuesta de plan general sin el preceptivo informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, que la Xunta le instó a recabar en enero de 2009. Pese a la declarada urgencia de aprobar el plan, el Ayuntamiento no tramitó hasta el 25 de mayo último la solicitud del citado informe. Patrimonio lo emitió en un mes. La ficha del plan ha cambiado de decir "hórreo a trasladar" a "hórreo solicitar traslado" y en el informe "se estima más prudente" no trasladarlo, pero, en una extraña pirueta, condiciona esa sugerencia (más que orden) al resultado del expediente judicial del caso Patazumba, introduciendo una confusa vinculación entre lo que manda la Ley de Patrimonio y el proceso penal por presunta corrupción.

La incorporación de ese informe al plan general fue lo que votó el último pleno municipal para que la Xunta vuelva a dictaminarlo. De momento, según anunció Rocha en la misma sesión, ha adelantado una subvención de 250.000 euros para la redacción del Plan Especial del Casco Histórico. La empresa que tenía ese encargo lo dejó plantado en 2004, cuando sólo le quedaba por cobrar tres de los 23 millones de pesetas (unos 140.000 euros) del contrato.