El Supremo anula la expropiación de un tercio de un polígono en Porriño

El Tribunal Supremo acaba de tumbar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dando la razón al Consorcio de la Zona Franca de Vigo en un litigio que afecta al 35% de la superficie del polígono industrial de A Granxa, en O Porriño. El fallo anula la expropiación ordenada por el tribunal gallego en el año 2006 sobre dos parcelas, de 288.895 y 43.054 metros cuadrados, que la sala consideraba "ocupadas" por una concesión minera incompatible con la zona industrial.

La empresa Sial, SA, del grupo Gradín, muy conocida en el municipio, había reclamado al TSXG en junio de 2001 pidiendo la expropiación de esas parcelas, ante la negativa, vía silencio administrativo, que había recibido de la Xunta.

El Gobierno gallego ya no tendrá que pagar por los 300.000 metros

La Consellería de Industria otorgó las concesiones mineras para explotación de caolín en esas zonas, y la Zona Franca pidió su caducidad en 1994, cuando arrancó la construcción del polígono. La gran área industrial de A Granxa, con una superficie de casi un millón de metros cuadrados, se puso en funcionamiento en el año 2001, aunque en los tribunales continuaron los pleitos del grupo minero, que reclamaba lucro cesante por las explotaciones. Según fuentes cercanas al Ayuntamiento de O Porriño donde está situado el polígono, la empresa que recurrió no había comenzado a explotar el mineral cuando la Zona Franca inició las actuaciones.

Pero en la construcción del parque empresarial, la Xunta de Fraga no quiso que esos permisos para extraer mineral caducasen, como pedía el Consorcio dependiente del Estado. En cambio, sí declaró la prevalencia del interés público sobre las concesiones, decisión que la empresa del grupo Gradín impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En la sentencia ahora anulada, el tribunal entendió que se despojaba a la sociedad reclamante de las concesiones, privándole de "un derecho de contenido patrimonial desde el momento que quedaron enclavadas y sin posibilidad de explotación", algo que juzgaba "no tolerado", por la normativa constitucional "salvo que medie indemnización correspondiente". Por eso ordenó a la Xunta que iniciase el proceso expropiatorio fijando la indemnización correspondiente en favor de la empresa.

Con el nuevo fallo dictado por Juan Carlos Trillo, titular de la sala 6 de lo contencioso del Tribunal Supremo, queda claro que "la expropiación es una facultad de la que gozan las Administraciones", pero que sin embargo no pueden ser obligadas a usarla. La sentencia dictada el pasado 2 de julio por el Supremo va más allá y dice que la administración autonómica "es incompetente para incoar el expediente expropiatorio al que se le condena" en el fallo del TSXG.

Tanto la Zona Franca como el grupo Gradín estudian las consecuencias que se puedan derivar del fallo que pone fin a un conflicto alargado en los tribunales durante los últimos 16 años y que aminora los derechos mineros en A Granxa.