Miño deberá pagar 30 millones por una macrourbanización

El Supremo declara ilegal la adquisición de los terrenos

La anulación de las expropiaciones para levantar la macrourbanización de Fadesa en Miño (A Coruña) decretada por el Tribunal Supremo amenaza con ocasionar un roto multimillonario al Ayuntamiento presidido por el popular Juan Maceiras. La decisión del alto tribunal, que desestima un recurso de casación interpuesto por la inmobiliaria y por el propio Ayuntamiento de la localidad contra una sentencia en el mismo sentido dictada por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, abre la vía de la reversión de los terrenos a sus antiguos propietarios en una urbanización prácticamente concluida. Así, el Gobierno municipal de Miño, que decretó las expropiaciones de los chalés y adjudicó la construcción de las viviendas a Fadesa, hoy en concurso de acreedores, en 2002, se enfrenta ahora a indemnizaciones que pueden superar en su conjunto los 30 millones de euros, según los cálculos de los equipos jurídicos de los antiguos propietarios de los terrenos.

Tras el fallo del Supremo, adelantado por Xornal de Galicia y La Opinión de A Coruña, los responsables de la asociación de afectados por la expropiación de Perbes, con su presidente, Santiago González al frente, hacen cálculos: "Lo que queremos en primer lugar es que se reconozca que tenemos razón y también el derecho a cobrar cantidades muy distintas a las que se nos abonaron en su día por las expropiaciones". "La Administración nunca es insolvente", explica González, "el Ayuntamiento tendrá que pedir un crédito y pagar".

Los más de 30 millones a abonar en indemnizaciones a los 500 antiguos propietarios de los terrenos de la urbanización, 1.287 viviendas unifamiliares, salen de otra reciente sentencia del TSXG, que cifra en 25,9 euros el valor del metro cuadrado expropiado y no en 6,32 euros, lo establecido por el Ayuntamiento de Miño y abonado en su día por Fadesa. Y a pesar de que los afectados pedían en su reclamación judicial 35,2 euros.

Ahora, tras esa reciente decisión del tribunal gallego, susceptible de recurso por parte del Ayuntamiento, a esos 25,9 euros por metro pendientes de abonar se suman los intereses de demora desde 2004 y un mínimo de recargo como expropiación indebida fijado en un 25%, lo que sitúa la indemnización y el coste total por metro cuadrado tras la sentencia del Supremo en más de 30 euros para un millón de metros cuadrados expropiados.

Silencio municipal

La nueva sentencia del Supremo avala la del TSXG, de abril de 2006, y estima así el recurso planteado por los propietarios afectados al considerar que, para levantar la macrourbanización, el cambio del sistema de compensación, inicialmente previsto por el Ayuntamiento de Miño, por el de expropiación, no fue precedido de un período de información pública. Además, la expropiación no estaba justificada por razones de urgencia.

Desde el Ayuntamiento de Miño guardaron ayer silencio, tras asegurar que habían recibido la sentencia esa misma mañana. La asociación de afectados por la urbanización de Perbes espera ahora otra decisión del Superior, ya que en su día el Gobierno local no exigió a Fadesa el pertinente aval bancario. "Precisamente", dice Santiago González, "ese aval hubiera permitido hacer frente a las diferencias de precios abonadas por los terrenos, entre el ayuntamiento, lo que reclamábamos y lo que se establece".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 30 de julio de 2010.