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Los visados del 90% de los colegios profesionales no serán obligatorios

Los colegios profesionales vivirán hoy uno de las revoluciones más grandes en sus casi 80 años de historia. El Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto que elimina la obligatoriedad de los visados que emiten el 90% de estos organismos que regulan trabajos como la abogacía o la medicina.

De los 87 colegios existentes -aunque algunos sin implantación en toda España- los visados forzosos solo seguirán existiendo en nueve, aquellos que el Gobierno considera necesarios por cuestiones de seguridad. Se trata de los relacionados con la edificación -proyectos de ejecución, demolición, certificados finales de obra...- y la minería y explosivos -aperturas de explotaciones mineras, fábricas y depósitos de explosivos...-. En el resto de trabajos, el Ministerio de Economía considera que se debe primar la libertad del cliente de cada servicio, en cuyo caso el visado pasa a convertirse en voluntario.

Particulares y empresas ahorrarán 815 millones anuales desde el 1 de octubre

El Gobierno calcula que con este paso que pretende reducir barreras administrativas para aumentar la competitividad de la economía, las empresas y los particulares se ahorrarán cada año 815 millones de euros, entre costes directos (los ingresos de los colegios) e indirectos (cargas administrativas). Si se tiene en cuenta que los visados generan a los colegios unos ingresos de 932 millones, resulta obvio el malestar con el que recibirán la nueva norma estas corporaciones de derecho público en las que están inscritos un millón de profesionales.

La norma, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, elimina unas obligaciones de pago para empresas y particulares que hoy no existen en ningún país de la Unión Europea. Los colegios defienden que son necesarios para velar por las buenas prácticas de la profesión, ya que sin ellos se queda la Administración sola en esta tarea.

La medida entronca con la Estrategia de Economía Sostenible, que establece que las cargas administrativas tienen que reducirse en un 30% hasta 2012 y un 50% hasta 2020.

El Gobierno aprobó en junio del año pasado la conocida como ley ómnibus, con la que se modificaban 47 normas para adaptarla a la Directiva Europea de Servicios. En ese texto se establecía que los colegios profesionales deben ser de servicio público y convertirse en "autoridades competentes", capacitados para velar por los consumidores y por el control de la profesión.

El gran caballo de batalla para el sector llegará el próximo otoño, cuando el departamento que dirige Elena Salgado plantee la necesidad de restringir la colegiación obligatoria. Las espadas ya están en alto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de julio de 2010