Cervo cree que debe ser la Xunta quien indemnice por las viviendas ilegalizadas

El Ayuntamiento de Cervo (Lugo) no se considera responsable de las compensaciones económicas que se puedan derivar de la decisión de la Xunta de abortar la construcción de dos edificios para 58 viviendas proyectados sobre el valioso castro de Atalaia. El alcalde, Alfonso Vilares, admite que el constructor, que dispone de licencias "legalmente concedidas", tiene unos derechos adquiridos, pero traslada la responsabilidad a la Dirección Xeral de Patrimonio del anterior Gobierno bipartito por haber inventariado este espacio poco después de que se otorgasen los permisos.

El regidor sostiene que las licencias se concedieron siguiendo "escrupulosamente la legalidad", cuando sobre esta zona, donde ahora Patrimonio considera que por su alto valor arqueológico es "incompatible" la ejecución de los proyectos constructivos, no existía ninguna protección especial. La Consellería de Cultura inventarió el yacimiento arqueológico a finales de abril de 2007, días después de que el Ayuntamiento de Cervo otorgase, tras seis meses de gestiones, la última licencia para levantar los bloques de viviendas.

El regidor defiende que respetó "escrupulosamente la legalidad"

La Consellería de Cultura aseguró en junio de 2007 que la construcción de un edificio a 40 metros del castro de Atalaia se inició sin su conocimiento. El departamento autonómico afirmó entonces que se había enterado de los trabajos un par de semanas antes por una "denuncia anónima" y que había ordenado detener las obras. Sin embargo, un informe firmado por los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura Gonzalo Meijide Cameselle y Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez sostiene que los arquitectos constataron restos en el año 2005, pero no los incluyeron en el Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de la Xunta hasta noviembre de 2007.

El alcalde de Cervo resalta el "máximo interés" del Gobierno local por preservar ahora los restos in situ, tal y como propone Patrimonio. El informe emitido recientemente por esta dirección general de la Xunta asegura que el castro de Atalaia es uno de los asentamientos arqueológicos de mayores dimensiones de A Mariña lucense.

Vilares subraya que Patrimonio paralizó las construcciones con posterioridad a haber inventariado el espacio y lamenta que esta decisión no se adoptase con anterioridad y que tuvieran que ser "otros", por el actual Gobierno del PP, los encargados de emitir un dictamen. "¿Por qué no hubo una resolución antes? No la hubo porque sabían que tenían responsabilidades", se preguntó y respondió el alcalde en alusión a los anteriores responsables de la consellería que dirigía la nacionalista Ánxela Bugallo.

Aunque de momento no se ha presentado ninguna reclamación por parte del promotor, el alcalde se siente "especialmente molesto" con la posibilidad de que se tenga que hacer frente a esta situación con dinero público, que, recalcó, "no ha de afrontar quien actuó siempre dentro de la legalidad", en referencia al Ayuntamiento. Vilares pide a las administraciones que se "involucren" en el proyecto de poner en valor el castro, a fin de "rescatar este patrimonio que es nuestro".