El tripartito llevará a la fiscalía la presunta financiación ilegal de CDC

PSC, ERC e ICV consideran probada la existencia de un triángulo para que Convergència cobrara comisiones de obras públicas de Ferrovial a través del Palau

La comisión del Parlament que investiga si Convergència (CDC)se financió irregularmente a través del Palau de la Música acabará hoy un trabajo de dos meses con una conclusión unánime del tripartito: el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV) consideran probada la existencia de un triángulo que permitía a CDC recibir comisiones de obra pública de Ferrovial a través de los patrocinios de la constructora al Palau de la Música y gracias a la intermediación de los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull. En el triángulo Ferrovial-Palau-CDC participaba supuestamente la fundación afín al partido, la Ramon Trias Fargas. El texto que votará el tripartito acredita que el dinero transferido a la fundación provenía "exclusivamente" de la constructora.

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Con estas operaciones, según las conclusiones del tripartito, CDC recaudó supuestamente más de 5,8 millones de euros, una cantidad que aparece anotada en el ordenador de la secretaria de Millet y que saldría del cálculo del 4% de obras públicas adjudicadas a Ferrovial. Las conclusiones subrayan que parte de este dinero sirvió para pagar facturas de las empresas que realizan las campañas electorales de CiU y que facturaron al Palau por trabajos nunca realizados: New Letter, Letter Graphic e Hispart.

Basándose en esta conclusión, el tripartito pide al Parlament que lleve a los juzgados que investigan el caso Palau y a la fiscalía toda la documentación recogida durante la comisión. En sus conclusiones, el PP y Ciutadans se suman a esta petición, que hoy prosperará en la última sesión de la comisión.

De la comisión también saldrán recomendaciones para regular la financiación de partidos políticos y los mecanismos de control de sus fundaciones. Entre otros aspectos, el texto insta el fin de las donaciones anónimas y a prohibir los donativos a partidos o fundaciones de empresas vinculadas a la Administración.

Tras una semana de trabajo, el tripartito logró consensuar un texto cuyo contenido peligró por las reticencias del PSC, reacio a incorporar alusiones a la operación del hotel del Palau. Finalmente, la permuta en la que la Generalitat perdió 5,6 millones de euros queda reflejada en el texto. También se detallan otros temas tratados en la comisión, como la donación irregular de Millet a Àngel Colom para pagar deudas del Partit de la Independència y las presuntas irregularidades que cometió el ex alcalde de L'Ametlla del Vallès Albert Palay para recalificar unos terrenos de Millet en la localidad.

CiU se agarró como a un clavo ardiendo a la operación del hotel para sacudirse las acusaciones del tripartito. En sus conclusiones, denuncia "el tribunal político" que a su juicio ha supuesto la comisión y pide el cese del Interventor de la Generalitat, Josep Maria Portabella, y la directora general de Patrimonio, Imma Turu. Las conclusiones del PP y Ciutadans van más allá: piden la cabeza del consejero de Economía, Antoni Castells.La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) avaló ayer que parte de las cantidades que la constructora Ferrovial aportaba al Palau de la Música iban luego a la Fundación Trias Fargas -hoy rebautizada Catdem- y a tres empresas que realizaron campañas electorales para CDC. Un documento hallado en el Palau de la Música señalaba que 675.000 euros procedentes de los convenios con la constructora supuestamente iban a pagos a "Daniel", que la OAC identifica como Daniel Osácar, responsable de finanzas de CDC. Según el dictamen del organismo que dirige David Martínez Madero, los seis pagos del documento se corresponden exactamente con las cantidades que se abonaron a Trias Fargas y a las empresas New Letter, Letter Graphic e Hispart, que trabajaban en las campañas electorales de CDC.

A pesar de que Osácar negó ser "el Daniel" que figura en los papeles, el dictamen de la OAC, que se incluirá como anexo a las conclusiones de los partidos a la comisión parlamentaria, recuerda que él era la persona que firmaba los convenios de la Trias Fargas y que "no se puede obviar" que esos documentos se refieren a comisiones que se pagaban a "la Generalitat" y que él era el responsable financiero de CDC. Los pagos que recogen esos papeles, además, coinciden exactamente en fecha y cantidad con los que luego se efectuaron a fundaciones y empresas vinculadas al partido nacionalista (véase el gráfico adjunto). Lo abonado a Daniel y a estas firmas y empresas suma lo mismo, hasta el último euro: 675.855 euros.

El dictamen también señala que la "mayoría de los pagos" del Palau a la fundación de CDC iban precedidos de un ingreso de Ferrovial, tras haber comprobado que los documentos que han ido apareciendo en las últimas semanas se corresponden con los movimientos que se producían en las cuentas del Palau.

La OAC concluye que la comisión ha arrojado indicios de que la entidad musical actuó de intermediaria entre empresas adjudicatarias de contratos públicos y "responsables políticos" para financiar a "la formación política correspondiente". Aun así, el organismo señala que estas pruebas no bastan para "afirmar ni descartar" que CDC se haya financiado "al margen de la ley".

El informe de la OAC también analiza la operación del hotel del Palau de la Música. El texto es muy crítico con la intervención en la comisión de la directora general de Patrimonio, Imma Turu, que defendió que, al tratarse de un "protocolo de intenciones", no se requería informe jurídico. Según el informe de la OAC, el "esfuerzo argumental" de Turu es "insostenible" y solo se explica como justificación de "la falta de trámites ordinarios", como informes jurídicos o garantías suficientes.

La actitud de algunos comparecientes merece, además, un comentario de la OAC, que considera "inadmisible" que el dirigente de CDC Àngel Colom, el representante de Hispart Manuel Parra y el ex alcalde L'Ametlla del Vallès Albert Palay se mostraran "desafiantes" e incluso "beligerantes" con los diputados.

Varapalo al interventor

El dictamen de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se detiene a comentar ampliamente la comparecencia del interventor general de la Generalitat, Josep Maria Portabella, quien admitió que en las auditorías de entre 2002 y 2008 detectaron anomalías centradas en las subvenciones y la contratación pública. El dictamen señala que es "inexplicable" que Portabella se escude en que no hizo ningún informe especial ante las irregularidades observadas porque estas no eran contables o penales, omitiendo "deliberadamente" que podría haberlo hecho ante las anomalías administrativas.

La OAC también critica que la Intervención no examinara "el destino de los fondos" que iban del consorcio público al Orfeó Català si, como dijo, consideraba que eran "subvenciones". El dictamen concluye que, en la práctica, la Intervención estaba sometida a la voluntad de Fèlix Millet. El texto recuerda que Portabella fue nombrado en 1990 y concluye que la falta de límites de tiempo y evaluación objetiva de "eficacia y eficiencia" puede abocar a "una perturbadora inacción".

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