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El gerente del Club de Campo, imputado por un delito urbanístico

El gerente del Club de Campo, Joaquín Castillo Dolagaray, está citado hoy en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid para declarar en calidad de imputado por una serie de obras realizadas en el recinto del complejo sin contar con los correspondientes permisos. Se le acusa de un supuesto delito contra la ordenación del territorio. El Club de Campo, presidido por el vicealcalde Manuel Cobo, es una sociedad mixta de la que el Ayuntamiento posee el 51%.

El supuesto delito al que se refiere el juez se habría cometido al ejecutarse las obras de ampliación de la piscina cubierta y del gimnasio del club en suelo público y sin contar con las licencias oportunas. Los hechos los denunció un particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el caso se investiga ahora en el juzgado de instrucción.

El juez, tras recibir la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, considera que los hechos "presentan características que hacen presumir de la posible existencia de una infracción penal".

Paradójicamente, el propio Ayuntamiento, desde la Concejalía de Urbanismo, ordenó en mayo de 2009, la demolición "de las obras abusivamente realizadas" en el gimnasio -construido con una subvención pública de 500.000 euros-, pero nunca llegó a ejecutarla.

La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que el pasado año otorgó a la Casa de Campo la calificación de Bien de Interés Cultural, ha remitido al juzgado un informe sobre el posible perjuicio o no al patrimonio histórico, tal y como le requirió el juez, según una portavoz que declinó dar más detalles sobre su contenido.

"Hechos muy graves"

El Consistorio mantiene que se trata de una cuestión de "interpretación urbanística" que aclarará el gerente y que "se han seguido todos los pasos legalmente necesarios". "Ganaremos el recurso en la instancia que sea", afirmaron fuentes municipales. Las mismas fuentes rechazan que el Ayuntamiento no pueda ejecutar obras en terreno de dominio público. "Son terrenos de su propiedad y se puede construir", aseguran.

El concejal socialista Óscar Iglesias, que conoció ayer la imputación del gerente, considera los hechos como "muy graves" y exige al Ayuntamiento que dé las explicaciones oportunas. "Si las acusaciones se confirman, tendrán que depurarse responsabilidades", afirmó Iglesias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de julio de 2010