La juez investiga 128 licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella

Un total de 128 licencias municipales supuestamente irregulares que afectan a 29 inmuebles de Ciutat Vella. Ese es el objetivo en el que se centra la investigación judicial sobre la trama corrupta con la que se relaciona a los ex funcionarios del distrito Heliodoro Lozano, que fue director de licencias y espacio público; Elena Ariza, ex jefa de servicios jurídicos, y el ingeniero Joaquín Quílez.

Los tres están imputados por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona por un delito de cohecho presuntamente cometido al recibir cantidades de dinero de una veintena de empresarios que aspiraban a obtener esos permisos para pisos turísticos. Los pagos oscilan entre 4.000 y 70.000 euros, según las anotaciones manuales intervenidas a Quílez en un registro y a Lozano en su ordenador.

Las licencias municipales que analizan los peritos se refieren a obras realizadas en los pisos, inspecciones o actividades que se desarrollaban en su interior. Algunas se remontan al año 1996, aunque la mayoría de ellas son recientes.

En la relación de inmuebles sobre los que el juzgado ha puesto la lupa aparecen casos curiosos, como el del número 17 del Pla de Palau, que tiene 14 expedientes (nueve de inspección, tres de obras y dos de actividades). Otro inmueble que tiene un buen número de denuncias es el 12 de la calle de Gombau: acumula 13, todas ellas por inspecciones. El número 19 de la calle de Escudellers también concentra nueve licencias bajo sospecha en sus tres modalidades, y con siete licencias aparecen otros dos inmuebles, situados en el número 24 de la calle de Santa Anna y en el 17 de la calle de la Boqueria.

"Ganar dinero"

Las intervenciones telefónicas realizadas en los meses del secreto de sumario han permitido establecer que Lozano y su jefa de servicios jurídicos pudieron repartirse las cantidades que supuestamente pagaron los empresarios. En uno de esos diálogos la mujer confesó abiertamente que esperaba "ganar dinero" como consecuencia de esa colaboración personal.

Los tres imputados son los únicos que han declarado hasta ahora en la causa. Fuentes judiciales explicaron que la magistrada Elisabet Castelló tiene la intención de imputar a los empresarios y de llamarlos a declarar a partir de septiembre, si bien no será fácil que afloren las prueba de los sobornos. Lozano y Ariza negaron las acusaciones en sus declaraciones en el juzgado, mientras que Quílez admitió al menos siete cohechos, de los que responsabilizó también a Lozano, según las citadas fuentes judiciales.