La oposición tacha de recaudatoria la Lei de Augas

La Xunta llevó ayer el proyecto de la Lei de Augas de Galicia al pleno del Parlamento ante las críticas de la oposición, que cree que la norma es un pretexto para subir los impuestos. Un nuevo canon del agua -cuya aplicación cuestiona el Consello Económico e Social (CES)- gravará el consumo para todos los usuarios. Según el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, la ley "mejorará un servicio básico" y aumentará la protección del medio ambiente.

La diputada socialista Carmen Gallego criticó que la norma no venga precedida de un estudio concienzudo sobre los usos del agua en la comunidad. "Por primera vez los usuarios de las traídas vecinales pagarán el agua", recordó, en ese sentido. Gallego calcula que la factura del agua podrá llegar a triplicar su montante una vez la ley entre en vigor. En terminos similares se pronunció la diputada del BNG Isabel Sánchez, para quien la norma trae aparejado un incremento de la presión fiscal del 243%.

La ley también modifica la estructura administrativa en materia de agua. La Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos queda subsumida en Augas de Galicia, que adquiere el estatus de sociedad pública. Para Sánchez, este cambio facilita que el ente "huya hacia el derecho privado en la mayor parte de sus decisiones". En términos similares se expresó el CES -el órgano consultivo de la Xunta en materia socioeconómica- en un informe sobre el proyecto emitido en mayo. "No se justifica la oportunidad de la creación de la nueva sociedad pública", reza el texto. La Xunta asegura que ahorrará más de 200.000 euros en personal.

Dictamen desfavorable

El CES duda asimismo de que convenga aplicar el canon en el contexto económico actual. "Es necesaria una reflexión sobre la oportunidad de incrementar la presión impositiva sobre la ciudadanía, las familias y las empresas en la coyuntura actual de crisis económica", asegura el dictamen. Durante su intervención en el pleno, Hernández aseguró que la recaudación del gravamen se "invertirá en su totalidad en el cumplimiento a la planificación hidráulica gallega". El CES no cree que la redacción actual del texto asegure este extremo.

La Dirección Xeral de Tributos de la Xunta advierte, además, de que la disposición que permitrá a las piscifactorías pagar cuotas pendientes de años pasados con referencia a los criterios de 2009 -más favorables- es discriminatoria y no se justifica. Recomienda, para auxiliar a piscifactorías en problemas, otorgar ayudas públicas o dar plazos de pago más largos.