Osakidetza asume el 42% de la amortización de funcionarios

Osakidetza concentra casi la mitad de las más de 300 plazas que el Gobierno tiene previsto amortizar para reducir los gastos de personal y frenar el déficit público. El lehendakari, Patxi López, compareció el pasado 27 de mayo en el Parlamento para detallar la aplicación en Euskadi de las medidas de ajuste aprobadas vía decreto por el Gobierno de Zapatero. Entre otras cosas, anunció la supresión de 166 puestos de funcionario por jubilación del titular y otros 138 adicionales no cubiertos durante el último año, dice Vasco Press.

Lo que no precisó López en aquella sesión plenaria fue la ubicación de esas plazas que van a ser amortizadas, ni cuáles iban a ser las áreas de gobierno afectadas. A través de una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por EB, la consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, se ha encargado ahora de concretar. De sus datos se concluye que, junto a Osakidetza, los Departamentos de Interior y Educación van a ser los más perjudicados.

El Servicio Vasco de Salud concentra casi la mitad de las plazas de funcionario amortizadas con un total de 129, lo que representa el 42,4%. A estos puestos hay que sumar, además, otros 18 que van a desaparecer en la estructura del Departamento de Sanidad. La consejería de Interior le sigue con la supresión de 60 plazas, cuatro de ellas ubicadas en la Academia de Arkaute. El tercer escalafón es para Educación, con una pérdida de un total de 33 funcionarios.

Afección global

El resto se reparten entre Economía y Hacienda (5 plazas); Empleo y Asuntos Sociales (7 plazas); Industria, Innovación, Comercio y Turismo (6 plazas); Justicia y Administración Pública (13 plazas); Medio Ambiente, Agricultura y Pesca (3 plazas); Presidencia (3 plazas); Vivienda y Obras Públicas (8 plazas); y Cultura (1 plaza). Los recortes se completan con la desaparición de 10 puestos en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan), de otros 5 en el Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos (Habe), de uno en Emakunde y de otro en el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

Mendia reconoce que no existe ningún precepto legal que determine la obligación de las Administraciones Públicas de amortizar puestos de trabajo que resulten vacantes como consecuencia de la jubilación de sus titulares, pero subraya que "tampoco existe ninguna imposibilidad legal para que, en base al principio de autoorganización, se determine su supresión".