La Generalitat pone orden en el intrusismo de los vendedores de pisos

Se acabaron los chiringuitos inmobiliarios. Un teléfono, algunos contactos y un poco de habilidad bastaban hace solo tres años para intermediar en las compraventas de viviendas y sacarse un buen sueldo. La crisis inmobiliaria pasó factura a esta actividad, puesto que alrededor del 70% de quienes la practicaban han tenido que cerrar su negocio. Hoy el sector se enfrenta a una segunda criba. A partir de ahora todos los intermediarios deben constar en un registro obligatorio que acredita que estos cumplen con varias garantías para el consumidor.

El Gobierno catalán decidió ordenar el sector y en marzo abrió el Registro de Agentes Inmobiliarios que, a menos de dos meses de cerrarse, cuenta con 1.213 inscritos. El Departamento de Medio Ambiente matiza que el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona ya ha tramitado la inscripción colectiva de sus asociados, mientras que el resto de entidades han comunicado su intención de hacerlo en los próximos días.

Los API deberán acreditar un título específico o participar en un curso

Entre otros requisitos, el Ejecutivo catalán obliga a que el agente tenga una titulación universitaria o bien que asista a 200 horas de formación específica. Para los que se inscriban antes del 9 de septiembre, bastará con demostrar cuatro años de experiencia en el sector. Además, se requerirá una garantía de 60.000 euros para los establecimientos abiertos al público y de 300.000 euros para la intermediación electrónica. Es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil.

El sector recibió entre aplausos la entrada en vigor del registro. El presidente de los API de Barcelona enseguida celebró la medida: "Se ha terminado la impunidad y se acabó la fiesta de la desregulación". Su enhorabuena es general en el sector, que ve en la norma una forma de acabar con el intrusismo y la competencia desleal, y a los que el sector achaca parte de la culpa de que los pisos se inflaran de precio.

Pero, ¿quiénes eran estos "intrusos"? El presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Óscar Martínez, considera que el mercado inmobiliario es "muy peligroso", porque "antes cualquiera podía montar una agencia inmobiliaria, sin ninguna condición". "Mucha gente, mucha, solo con un móvil y sin apenas ningún coste cerraba una, dos o tres operaciones y se llevaba un buen pellizco", explica.

Jordi Guasch, que conoce el día a día del sector desde de su agencia de Bigues, explica que ahora, en plena crisis inmobiliaria, la normativa es un "incordio". A pesar de que es escéptico con la norma -"el que era un pirata hace cuatro años lo seguirá siendo", sostiene-, asegura que es necesario poner coto a la falta de profesionalidad. "Hace un tiempo venían cada dos por tres agentes que van por libre y que traían viviendas. Nos decían que si lo vendíamos querían el 50% de la comisión. Y si decíamos que no, nos amenazaban con ir a la inmobiliaria de al lado", lamenta Guasch. Eran, no obstante, los años en los que algunos municipios incluso debían sacar ordenanzas que prohibían que hubiera más agencias inmobiliarias en el centro de la localidad. Hoy ha desaparecido el 70% de las oficinas que había en pleno boom.

La red inmobiliaria Century 21 ha elegido Cataluña como comunidad donde lanzar su marca precisamente porque consideran que es la zona "más profesionalizada". "Estamos muy de acuerdo con el decreto, pero creemos que falta información por parte de la Generalitat. Muchos no saben ni que deben inscribirse en el registro, no lo harán y algunos incluso no cumplen los requisitos", afirma el director de expansión de la empresa, Xavier López.

El director jurídico de Expofinques, David Lasarte, está de acuerdo con que se proteja al consumidor, pero plantea si al final eso no provocará indefensión al intermediario. "A veces un propietario y un comprador se ponen de acuerdo para dejar de lado al agente que los ha puesto en contacto y el Gobierno lo avala en algún caso", se queja. Aun así, también respalda el registro. Nadie dice lo contrario. Lo que sí duda el director de la Escuela de Formación de Tecnocasa, José González, es que la norma acarree una criba: "Ya se produjo por la crisis. Este decreto servirá para garantizar que en el futuro no se reproduzca el modelo de los últimos años".