Desgana y carpetazo

La investigación judicial por el supuesto espionaje a dos relevantes cargos públicos del Partido Popular, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero autonómico de la Comunidad madrileña y ahora responsable nacional de Emigración de su partido, Alfredo Prada, ha sido llevada con tan exasperante lentitud y aparente desgana que todo hacía pensar que se estaba a la espera de algún pretexto para cerrarla sin consecuencia alguna para los espías y sus jefes. Y eso es exactamente lo que ha sucedido.

La juez que abrió hace año y medio diligencias para esclarecer los hechos ha decidido sobreseerlas y archivarlas provisionalmente. Su investigación no ha logrado aclarar nada. Podía al menos haber llamado a declarar a la persona que públicamente ha confirmado la existencia de la trama de espionaje, funcionaria durante años de la Comunidad de Madrid hasta su reciente despido y en trámites de divorcio con el presunto jefe de los espías y director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón.

Lo único que queda claro y como un hecho incontrovertido, aunque inexplicado, tras una investigación judicial más bien abúlica y escasa, es que el denunciante Manuel Cobo se sintió espiado y objeto de seguimientos por parte de miembros de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Y que no era solo imaginación, sino que ese sentimiento tenía algo que ver con la realidad lo desmuestra que los partes que daban cuenta de los movimientos de Cobo y Prada existieron, aunque la juez dude de que respondieran a seguimientos reales y efectivos, dado su contenido poco concreto y también su redacción escasamente profesional. Pero que esos partes fueran una chapuza no es un argumento contra la realidad de los seguimientos: es conocido que la chapuza y la poca finura profesional son ingredientes, en muchos casos, que forman parte de la actividad del espionaje.

Los implicados, desde el presunto jefe de la red al grupo de agentes del Gobierno de Aguirre que la integraban, han negado a la juez que realizaran dichos seguimientos, a pesar de la evidencia de los partes. No cabía esperar otra cosa. La existencia de tales partes debería dar lugar, en todo caso, a algo más que a una posible reparación civil, como sugiere la juez a Cobo y Prada, si consideran que su intimidad ha podido quedar dañada. Atentar contra la intimidad de las personas también puede tener una dimensión penal. Sobre todo si son empleados públicos quienes así actúan y utilizan medios públicos para hacerlo.

Los que se sintieron espiados no han obtenido el amparo debido, dando la sensación de que el acto cometido contra ellos ha quedado impune. No solo eso. Un hecho tan grave en democracia como el supuesto espionaje a adversarios políticos ha quedado difuminado en comisiones de partido y parlamentarias amañadas y, finalmente, en manos de una justicia desganada e impotente.