Berlusconi y sus socios aplazan el ajuste de cuentas ante la crisis

El Gobierno saca adelante un programa para reducir el gasto en 25.000 millones

La coalición de centro-derecha que gobierna Italia aparcó ayer por unas horas sus ajustes de cuentas y el clima de guerra intestina para aprobar en el Senado, por 170 votos a favor y 136 en contra, el ajuste financiero exigido por Bruselas, que recortará 25.000 millones de euros de gasto en dos años y debería reducir el déficit público hasta el 3% del producto interior bruto (PIB).

El ajuste se aprobó por la vía de la cuestión de confianza, sin discusión de las decenas de enmiendas presentadas por la oposición y sin debate parlamentario. El texto, formado por 600 artículos, se votó en bloque. Según Silvio Berlusconi, fue una muestra de coraje del Gobierno, ya que, de haber perdido, el Ejecutivo habría caído de forma automática. Según la oposición, la elección del voto político revela el miedo del primer ministro a que la mayoría mostrara su profunda división.

De haber perdido la votación de ayer, el Ejecutivo no habría sobrevivido
En menos de dos meses han caído dos ministros y un secretario de Estado
Más información
Sartori: "El peor periodo de nuestra historia"

El plan anticrisis ha abierto un agudo enfrentamiento entre el Ejecutivo y las regiones y ayuntamientos, obligados a recortes brutales que ascienden a cerca de 13.000 millones. Entes locales, sindicatos y oposición bramaron ayer contra la maniobra financiera y recordaron que millones de italianos sufrirán las consecuencias de un ajuste injusto e insostenible mientras en el Gobierno se extiende la gelatina de la corrupción.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

El ajuste, cinco veces menor que el portugués y 10 veces más leve que el irlandés, no afectará en nada a los sueldos de los políticos, en contra de lo dicho al principio, y, según el economista Tito Boeri, "golpeará sobre todo a los jóvenes y forzará a las regiones a endeudarse más mientras la deuda pública nacional, la más alta de Europa, sube 1.300 euros por segundo".

Más que al convencimiento de Berlusconi, el impopular ajuste se debe atribuir a la insistencia del ministro de Economía, Giulio Tremonti, por alejar al país del fantasma de un hundimiento a la griega. La decisión más impactante es la de retrasar hasta diciembre el pago de las multas a la UE por el exceso de producción láctea, exigida a sangre y fuego por los barones regionales de la Liga Norte, y que costará al contribuyente italiano 25 millones en sanciones adicionales.

Pero los problemas del Gobierno se juegan ahora en los centros de poder. Desde enero, la cuesta abajo de Berlusconi es cada vez más pronunciada. El partido se resquebraja y el primer ministro aparece cada día más desbordado por los escándalos judiciales y políticos. En menos de dos meses, se ha visto forzado a destituir a dos ministros (Claudio Scajola y Aldo Brancher), y el lunes le llegó el turno al secretario de Estado de Economía, Nicola Cosentino.

Curiosamente, Cosentino no dimitió por sus relaciones con el poderoso clan camorrista de los Casaleses, que han llevado a los jueces de Nápoles y al Tribunal Supremo a solicitar su arresto al Parlamento (permiso denegado por la mayoría hace un año), sino por una acusación más doméstica pero no más tierna: su supuesta acción de guerra sucia contra un adversario directo del Pueblo de la Libertad (PDL) en Campania, el finiano Stefano Caldoro, actual gobernador de la región.

Según los fiscales de Roma, Cosentino recurrió a la logia masónica P3, considerada por los jueces la sucesora de la P2 de Licio Gelli, para fabricar y difundir un falso dossier sobre Caldoro cuando ambos pugnaban por ser candidatos electorales del PDL a la presidencia regional. La idea era contar en la prensa mediante pruebas falsas que Caldoro era homosexual y frecuentaba transexuales. Cosentino fue interceptado mientras decía por teléfono a uno de los masones: "Acabemos con ese maricón".

Silvio Berlusconi ha intentado minimizar el alcance de esa conspiración mafioso-masónica diciendo que se trata de "cuatro jubilados desgraciados que solo intentaban arreglar un poco el país". Pero el caso P3 podría convertirse en la tumba política de su sistema de poder. La sensación general es que si Italia fuera cualquier otro país europeo, el Ejecutivo se habría ido ya a casa pidiendo perdón.

La investigación ha enviado ya a la cárcel a los tres supuestos jefes de la P3, entre ellos el empresario sardo Flavio Carboni, implicado en los peores misterios italiano-vaticanos desde la quiebra del Banco Ambrosiano. Los tres están acusados de asociación secreta para conspirar contra los órganos constitucionales del Estado. Los magistrados les cazaron mientras intentaban presionar a jueces del Constitucional para lograr un fallo positivo al laudo Alfano, el escudo judicial que debía librar a Berlusconi de sus procesos pendientes.

Las presiones fracasaron, porque el laudo fue declarado constitucional, pero la logia trabajó de lo lindo, y en el intento dejaron un reguero de pruebas muy comprometedoras para Berlusconi, a quien todos llamaban en numerosas conversaciones privadas con un nombre en clave significativo y poco original: César. "César estará contento", decía uno de ellos.

El senador Marcello Dell'Utri recibe felicitaciones tras aprobarse ayer el plan de ajuste del Gobierno.
El senador Marcello Dell'Utri recibe felicitaciones tras aprobarse ayer el plan de ajuste del Gobierno.REUTERS

Plan de austeridad

- Recortes. El plan de ajuste prevé un recorte del gasto público de 25.000 millones de euros en dos años. El Gobierno asegura que ingresará 10.000 millones a través de la lucha contra la evasión fiscal. Otros 13.000 millones vendrán de recortes en la financiación de las administraciones regionales y locales.

- Gasto público. Se congela el salario de los funcionarios y se reducen los gastos de la clase política.

- Pensiones. La edad de jubilación de las funcionarias se equiparará a partir de 2012 a la de los funcionarios (sube de 60 a 65 años).

- Déficit. El objetivo es reducir el déficit público del 5% al 3,9% del PIB en 2010, y por debajo del 3% en 2012.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS