Los expertos constatan el debilitamiento del Estatuto por la sentencia

Los partidos catalanes ya tienen sobre la mesa el dictamen que los expertos han redactado acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña. Los juristas Carles Viver Pi-Sunyer (director del Instituto de Estudios Económicos), Antoni Bayona (profesor de Derecho Administrativo de la UPF) y Jaume Galofré (director del Gabinete Jurídico de la Generalitat) interpretan duramente la sentencia y consideran que "debilita significativamente la función constitucional del Estatuto". Es decir, que elimina varias garantías que blindaba el Estatuto y lo circunscribe a la interpretación constitucional del propio tribunal. En el informe se lamenta que el TC trate el Estatuto como "una ley meramente autonómica", olvidando que surge de un pacto político con el Estado, y se denuncia que toda la sentencia está impregnada de una "prevención injustificada" respecto al contenido del Estatuto.

La Generalitat usará este infome para negociar con el Estado las reformas que pueden disminuir el efecto del recorte del TC. Los expertos avalan en su informe esta vía e incluyen en varios preceptos las modificaciones que pueden facilitar a la Generalitat su objetivo inicial. También certifican que muchos de los preceptos reinterpretados por el tribunal quedan desvirtuados.En síntesis, los expertos consultados por la Generalitat explican en todo su análisis que el Tribunal Constitucional interpreta el Estatuto como el intento de una comunidad autónoma de imponer obligaciones al Estado. El informe ha estado coordinado por la secretaria del Gobierno, Laia Bonet, y han participado en su elaboración, además de los juristas, representantes de los partidos que defienden el Estatuto: PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA. Estos son algunos de los puntos analizados.

- Nación. El informe enmarca la restricción del término nación, que se considera sin efectos jurídicos, en un intento del tribunal de rebajar el alcance del Estatuto. "Más allá de pretender evitar la colisión del concepto de nación con el principio de unidad de la nación española, el TC también busca, con esta interpretación, evitar que este concepto sirva para interpretar extensivamente el resto de los preceptos del Estatuto", advierten los expertos.

- Lengua. Los juristas consideran que las interpretaciones del TC en materia de lengua no rebajan ni modifican el actual modelo lingüístico catalán. En el texto, sin embargo, expresan su sorpresa por la "radicalidad" de los magistrados al proclamar la igualdad entre la lengua catalana y la española. Este principio, advierten los expertos, queda abierto "a diferentes matizaciones" que mitigan sus efectos. La inmersión lingüística en la educación era uno de los puntos que más preocupaban a los partidos. El modelo de educación que gravita en torno al catalán no queda blindado, pero la interpretación del Constitucional no lo cuestiona. Así, la sentencia indica que el castellano también puede ser vehicular, lo que significa que se abre la puerta a una nueva regulación que modifique la actual inmersión, que en cualquier caso ninguno de los dos grandes partidos, el PSC y CiU, quiere modificar.

- Instituciones. Los juristas plantean soluciones para tres instituciones previstas en el Estatuto y recortadas por el TC: el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges y las veguerías. Sobre el primero, el órgano consultivo de la Generalitat, acepta que las limitaciones del TC (que elimina el carácter vinculante de sus dictámenes sobre leyes) son inamovibles. Pero abre la puerta a un acuerdo entre los partidos para respetar en el Parlament los informes del consejo sin una norma que obligue a ello. Sobre el Síndic, al que el tribunal quita las competencias exclusivas que se le otorgaban en el Estatuto, los juristas proponen modificar la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo para convenir las competencias de ambos en Cataluña. En el caso de las veguerías, la sentencia no da opción: deben prevalecer las provincias; por tanto, consideran los juristas, o las veguerías se crean en paralelo a las provincias o simplemente se produce un cambio de nombre de estas divisiones administrativas.

- Poder Judicial. El informe explica que el tribunal se ha confundido al declarar inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña. Entienden los juristas que este órgano era, simplemente, un organismo interno del Consejo General del Poder Judicial. Para remediar este punto, los expertos plantean una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que concrete las funciones del Consejo de Justicia.

- Competencias. El dictamen es desolador en el punto referido a competencias. Consideran los juristas que, con la reinterpretación de varios preceptos, el tribunal ha dilapidado uno de los objetivos del Estatuto: aumentar el techo competencial catalán. "La sentencia frustra el objetivo estatutario de ampliar las competencias exclusivas. Parece claro que el Estado podrá continuar ejerciendo las mismas competencias que ejercía hasta ahora sin limitación", señala el texto en el caso de las competencias exclusivas, cuyo precepto queda "vacío de contenido". Sobre las competencias compartidas con el Estado, la Generalitat también "fracasa" en su intento de tener margen para fijar sus propias políticas, puesto que el Estado no tendrá límites para regular.

- Relaciones Estado-Generalitat. La sentencia deja en el mismo punto la comisión bilateral Estado-Generalitat, pese a la interpretación del tribunal de que solo es un organismo de cooperación. Los juristas concluyen que, "pese al lenguaje preventivo, cauteloso y desconocedor del valor político de este instrumento de colaboración", la sentencia no merma el espíritu del Estatuto.

- Financiación. En el tema de la financiación, el informe de los juristas es claro: el Estatuto pretendía ser la norma básica del sistema de financiación de la Generalitat y no lo ha logrado: prevalece lo que diga la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El informe hace referencia a la disposición adicional tercera, que resarcía a Cataluña y fijaba inversiones en infraestructuras. Este punto queda supeditado, también, a la voluntad del Estado central.