Zapatero no concreta cómo paliará el recorte del Estatuto

Un bálsamo y poco más. La expectación creada en Cataluña por la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero al recorte del Tribunal Constitucional quedó sin respuesta. Hubo constantes referencias al Estatuto, pero el presidente del Gobierno no concretó cómo recuperará por la vía política las partes amputadas por el Tribunal Constitucional. Zapatero se limitó a decir que promoverá posibles modificaciones legales ante aspectos declarados inconstitucionales y se circunscribirá a ellos, "no por razones de fondo, sino del tipo de norma apto para regularlos". En este punto podría entrar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Consejo de Justicia de Cataluña, pero no lo concretó.

Zapatero también restó trascendencia a los recortes del Estatatuto impuestos por el Constitucional. "La sentencia no cuestiona el preámbulo que define Cataluña como nación, solo su valor jurídico", recordó. También negó que la sentencia recorte aspectos como la inmersión lingüística en catalán en las escuelas. "El TC respeta y valida que el catalán sea lengua vehicular", dijo. Esta visión optimista de la sentencia le valió el enfrentamiento con todos los partidos catalanes y tampoco generó entusiasmo entre los diputados del PSC.

Zapatero confirmó que se reunirá con el presidente de la Generalitat, José Montilla, para abordar la situación y esquivó los intentos de Convergència i Unió de buscar diferencias entre él y Montilla. "Estoy convencido de que Montilla piensa lo mismo que yo", dijo.

Zapatero optó por un discurso comprensivo hacia Cataluña y de baja intensidad que no enerve más a los nacionalistas. "Entiendo el sentimiento de incertidumbre de los ciudadanos que votaron el Estatuto en referéndum y que el Constitucional ha interpretado", dijo.

Frente a las acusaciones de Duran, Zapatero recordó que él mismo pactó el texto final del Estatuto con Artur Mas, líder de Convergència i Unió. Fue en enero de 2006.

Zapatero tampoco concretó mucho sobre la reforma de las pensiones. En este punto se limitó a esbozar iniciativas que ya eran vox pópuli: aplazar la edad de jubilación a los 67 años y ampliar el periodo de cálculo que da derecho a una pensión o el plazo mínimo necesario para cobrar. A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ya ha ido anunciando estas medidas de una forma u otra, si bien es cierto que en alguna ocasión ha salido para desmentirse a sí mismo a las pocas horas de darlas a conocer.

La aprobación final de iniciativas tan impopulares depende aún de lo que dictamine la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Pese a que Zapatero señaló que confía en que la reforma salga adelante "con el más amplio consenso posible", parece evidente que tendrá que ser aprobada sin el apoyo del PP.