La culpa es de...
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Diversos medios del PP, empezando por su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, han acusado directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser el organizador de la detención y citación del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll. Pues bien, por una vez, y sin que sirva de precedente, tengo que reconocer que estoy de acuerdo en que la culpa es de Rubalcaba, pero por motivos muy diferentes.
La culpa del ministro del Interior deriva de su pasividad frente a las mentiras del PP, de no haber llevado a los tribunales a María Dolores de Cospedal cuando lo acusó de escuchas ilegales sin ninguna prueba, cuando no llevó a los tribunales a Jaime Mayor Oreja y a María San Gil cada vez que lanzan el venablo de que el Gobierno está aliado con ETA, a Rita Barberá cuando acusa a la Policía de espiar al PP en su sede, o al mismo González Pons cuando acusa al Gobierno de organizar el caso Gürtel para golpear al PP.
La Constitución establece de forma diáfana que todos los españoles son iguales ante la ley. Por tanto, si lanzar fuertes acusaciones sin pruebas le supone una responsabilidad penal a un ciudadano de a pie, a uno de a caballo, también.
