Medio Ambiente ficha 137 'barracas' irregulares en el cabo de Creus

Hay que bajar del coche, fijar la vista entre las viñas y los montículos, y buscar. Buscar bajo el cielo azul, en la tierra, entre las rocas. Y a veces ni siquiera así se distingue la casa que esconde el montículo de piedra seca, en medio del olivar, entre las calas y los rompientes del noble y protegidísimo parque natural del Cap de Creus, en Girona. Son las barracas. Bajo un nombre tan poco presuntuoso se esconden a veces auténticas guaridas de lujo, con vitrocerámica, piscina, varias habitaciones... Segundas residencias que han proliferado ante la inacción de la Administración.

Pero el Departamento de Medio Ambiente está dispuesto a acabar con la situación y ha empezado por hacer un inventario de las barracas que existen en las zonas más problemáticas del cabo de Creus. La cifra dibuja la magnitud del problema: 137 construcciones. De estas, solo 11 son barracas en sentido estricto: casetas de uso agrícola, las únicas permitidas en el cabo de Creus. Casi la mitad (49%) sirven como segundas residencias o merenderos. Otra parte está abandonada (33,5%). En casi todos los casos la licencia municipal no existe, a pesar de que hasta 1997 la zona no era parque natural y, por tanto, podían solicitarse permisos para construir.

En 1998 se elaboró un primer inventario y contabilizaron 49

El problema es que no ha habido empacho alguno en seguir levantando casas tras la protección. En 1998 se elaboró un primer inventario para conocer la situación de partida y se encontraron 49 edificaciones. La cifra se ha multiplicado casi por tres desde entonces. En los últimos tres años, tanto Medio Ambiente como la Fiscalía de Girona han declarado la guerra a las barracas.

Muestra de ello es el inventario, al que ha tenido acceso este periódico. Está formado por multitud de fichas que recogen la situación de cada caseta. La Generalitat ahora está pendiente de seleccionar qué casos se han denunciado ya, cuáles han prescrito y cuáles son edificaciones tan viejas que están fuera de ordenación. No todas las barracas son ilegales. Con el resultado, la Generalitat acudirá al fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, para que actúe.

El estudio, con fecha de junio de 2009, establece varios tipos de barracas. Las más problemáticas y numerosas son las "de ocio". En el cabo de Creus hay muchas construcciones, de antes incluso de que se crease el parque natural, que servían de pequeño almacén para las herramientas de los propietarios de los olivares. En 40 casos (el 29%), esas casetas se han ampliado hasta convertirlas en viviendas, algunas incluso con piscina, y sirven de segunda residencia.

A estas se suman los merenderos. Es lo que el estudio define como "barracas de cultivo familiar": construcciones que antiguamente se habían usado exclusivamente para guardar herramientas, pero con el tiempo se les ha ido dando un uso recreativo y las familias acuden a ellas los domingos. La diferencia con las barracas de ocio es que "mantienen todavía un mínimo cultivo". Constan 27 edificaciones (20%) de este tipo.

Ambos tipos, las destinadas a ocio y las de cultivo familiar, suponen la mitad de las barracas. Luego hay 46 construcciones (33,5%) que están abandonadas y el resto son barracas de explotación agrícola (8%), viviendas en toda regla (6,5%) u "otros" (3%).

El estudio incluye, además, las urbanizaciones en zonas de Roses que fueron paralizadas en su día, como la cala Jòncols o la de Montjoi, a causa de la creación del parque.

Allí de vez en cuando se reactiva la construcción a pesar de estar prohibido. Por eso Medio Ambiente ha querido también describir la situación. El inventario calcula que hay 222 edificaciones en las zonas más problemáticas del parque.

"Llevaremos los casos al fiscal de Medio Ambiente una vez que hayamos hecho una selección", asegura con rotundidad el director de Medio Ambiente en Girona, Emili Santos. El cabo de Creus es una de sus prioridades. A juicio de Santos, el inventario es una excelente herramienta para luchar contra la lacra de las barracas. "Es un gran instrumento de cara al futuro para conocer todas las actuaciones que se hagan a partir de ahora en la zona y qué ha prescrito realmente y qué no", explica. "El objetivo último sería el derribo de todo lo que sea ilegal, pero eso es algo que compete a los jueces", añade.Santos lamenta que haya que llegar a la vía penal para solucionar el problema de las construcciones ilegales en el cabo de Creus. "Si la disciplina urbanística funcionara, no haría falta apelar a la justicia", afirma. Su argumento lo comparte el fiscal de Medio Ambiente, Enrique Barata, quien lamenta: "Las administraciones deben cumplir su trabajo".

Santos concede que para los Ayuntamientos no es una cuestión "sencilla" luchar contra las casas ilegales: "Tienen limitaciones técnicas y administrativas, pero hay también un exceso de proximidad entre el infractor y la corporación municipal que hace que sea más complicado actuar".

Cadaqués (Alt Empordà) cuenta con el 40% de las construcciones (51), pero no ha llevado a ningún infractor ante el juez. "Hemos multado a todas las barracas", defiende su alcalde, Joan Borrell (ERC). Pero esgrime que las barracas agrícolas son importantes para mantener limpias las fincas y que, con las características que recoge el plan especial para el parque (construcciones de 14 metros cuadrados como máximo en fincas de 4,5 hectáreas como mínimo), ninguna cumple la norma. "Tendría que echarlas todas abajo. Pedimos que se acepte una barraca tipo muy limitada, pero que pueda existir", solicita el alcalde. Aunque reconoce que tienen un problema: "Hay gente que se ha pasado y se ha hecho un chalet".