El PP reacciona convocando a Rubalcaba en el Congreso

Las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP en esa provincia, Joaquín Ripoll, así como las de ediles de ese partido, no han tenido consecuencia en la estrategia del PP. De la comisión de presuntos delitos no se habla sino que se acusa al ministro del Interior de "vigilar y acosar al PP". Así lo manifestó ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al tiempo que el Grupo Parlamentario Popular presentaba en el registro la petición de comparecencia del ministro para que explique detalles de la operación policial del llamado caso Brugal.

La detención de Ripoll fue policial, no judicial y se decidió en Madrid en un día que resultaba "conveniente al Gobierno y con aparato cinematográfico", señaló el portavoz del PP, Esteban González Pons, en una entrevista en Onda Cero.

Para los populares, la autorización del magistrado de Orihuela a la policía para practicar los arrestos con fecha 1 de julio, tampoco es un dato que les haga variar su discurso.

Esta actitud sorprendió aparentemente al PSOE, que tras las imputaciones del juez consideraron que el PP cambiaría de posición. "Tras probarse que Esteban González Pons ha mentido y ha acusado falsamente a la policía, ¿piensa ahora dimitir?", se preguntó Elena Valenciano, responsable de Política Internacional del PSOE, que el día anterior mantuvo un duro debate en la cadena SER con el portavoz de los populares.

"La corrupción del PP"

Lo cierto es que los populares han tratado de salvar a la policía. "Los policías reciben órdenes de los políticos", señalaba el presidente del PP, Mariano Rajoy. Desde el PSOE y desde el Gobierno se pone el acento en las imputaciones por presuntos delitos de cohecho y prevaricación para preguntar al PP si no le preocupa "la corrupción en sus filas", según señala Valenciano. El portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Hernando, está persuadido de que el PP "trata de amedrentar a los jueces como en tantos otros casos, mirando para otro lado ante la comisión de delitos".

Los socialistas insisten en la potestad de las fuerzas de seguridad para detener sin orden judicial. Este procedimiento se utiliza habitualmente en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, según recuerdan en el Ministerio del Interior, con invocación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La detención policial sin orden judicial se ha hecho repetidamente en los últimos 10 años.