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EE UU y la inmigración

La violencia desborda la frontera

Las actividades de las mafias y de las 'maras' causan más de 14.000 muertos al año en México y Centroamérica y lastran sus economías

A esa zona se la conoce como El Tercer Mundo, lo cual en México ya es mucho decir. Está en Sonora, a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entrada al terrible desierto del Sásabe, cruce de pollos (indocumentados) y droga. Ahí, en ese Tercer Mundo, amaneció la segunda mitad de 2010 de la misma manera que concluyó la primera: con un reguero de muertos. Solo en ese punto remoto se registraron el lunes 21 asesinatos, cifra que en cuestión de horas se abultó con la muerte de una fiscal en Ciudad Juárez, de un jefe de seguridad de una cárcel en Guadalajara y con varios homicidios estilo narco en Durango (norte), Jalisco (este) y Morelos (centro).

Y todo esto ocurría el mismo día en que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunciaba su disposición a regularizar la situación de 11 millones de inmigrantes indocumentados. La violencia desbordada en la frontera sur aumenta la resistencia a la reforma migratoria, ante el temor de que provoque un efecto llamada y aliente a las redes de tráfico de personas. El 75% de los indocumentados proceden de México y Centroamérica, región atenazada por el crimen organizado.

Un tiroteo entre narcos deja 21 muertos en el Estado de Sonora

El coste de la violencia supone casi el 8% del PIB centroamericano

Solo este año, la violencia vinculada al narcotráfico ha dejado en México 5.400 muertos (una media de 30 asesinatos al día). El balance hace temer que este año se superarán fácilmente las 7.500 muertes violentas registradas en 2009. La guerra contra el narcotráfico que vive México desde enero de 2007 ha dejado ya 25.000 muertos.

Los carteles han extendido sus tentáculos a Centroamérica, que se ha convertido en escala obligada para la droga desde la zona andina a EE UU. Las actividades de las mafias (narcotráfico, blanqueo y tráfico de personas) y las maras (pandillas criminales) provocan cada año más de 14.000 muertos. Según el Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, el coste económico de la violencia supone casi el 8% del producto interior bruto (PIB) de la región.

A finales de junio, las fuerzas policiales de México, Centroamérica y el Caribe se reunieron en República Dominicana para fortalecer los mecanismos de cooperación y crear un "muro de contención" contra las actividades criminales. Pero la tarea se presenta difícil.

En la madrugada del 1 de julio, bandas rivales dedicadas a traficar con humanos y drogas se enfrentaron a balazos durante horas en un desierto de Sonora, entre los poblados de Sáric y Tubutama. Los 21 muertos, sumados a otros tres asesinatos, hacen de este jueves el día más sangriento en varios años en ese Estado fronterizo con EE UU.

Mientras, los criminales seguían su cacería de altos funcionarios vinculados a la seguridad. En Guadalajara fue asesinado Marco Antonio Ontiveros, alto cargo del sistema penitenciario. Y al otro lado del país, en Ciudad Juárez, cayó en una emboscada Sandra Ivonne Salas García, pieza clave de la fiscalía del Estado fronterizo de Chihuahua.

Las autoridades se apuntaron ayer un tanto al presentar a la justicia a Jesús Chávez Castillo, alias El Camello, acusado de planear el asesinato de una funcionaria consular estadounidense el pasado marzo en Ciudad Juárez y de participar en dos matanzas (en una fiesta de adolescentes y en un centro de rehabilitación de drogadictos). El mes de junio ha sido el más violento de la historia en Ciudad Juárez, donde el mismo jueves una cabeza humana fue depositada a pocos metros de la casa del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía.

Esta siniestra práctica se ha extendido a Guatemala, donde la guerra entre las maras y el Gobierno se ha visto jalonada en los últimos 15 días por el hallazgo de cuatro cabezas y el cuerpo mutilado de una funcionaria de prisiones. Las maras han declarado la guerra a las autoridades penitenciarias por las restricciones a las visitas a los presos, que se habían convertido en la principal vía de introducción de drogas y armas en los penales. No solo eso: el Gobierno ha debido prohibir el acceso de menores a las cárceles ya que muchas visitantes adolescentes eran violadas en las celdas por los mareros. En venganza por estas medidas, en las últimas dos semanas las pandillas han sembrado cuatro cabezas en la capital (una de ellas en la puerta del Congreso) con mensajes al ministro de Gobernación (Interior), Carlos Menocal. La semana pasada, una pareja de funcionarios de prisiones fue asesinada. El cuerpo descuartizado de la mujer fue arrojado, junto a un nuevo mensaje amenazante, a las puertas de una emisora de radio.

"La escalada de violencia, si bien está protagonizada por mareros, está orquestada por el crimen organizado, que, en sus distintas manifestaciones, ha operado hasta ahora en la más absoluta impunidad", asegura a EL PAÍS el ministro Carlos Menocal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de julio de 2010