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Educación reformará la ley para flexibilizar 4º de ESO y Bachillerato

Gabilondo negociará el Estatuto del Docente prometido en la anterior legislatura

El Ministerio de Educación intentará sacar adelante durante el próximo curso varias modificaciones de la actual ley de educación (la LOE, aprobada en 2006 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente). Se trata de que los alumnos de 4º de ESO elijan entre dos vías (hacia FP o Bachillerato, aunque sin ser excluyentes) y de flexibilizar la organización del Bachillerato. Así lo ha puesto por escrito el ministerio dentro de su plan de acción para el curso 2010-2011 (hecho a partir de los acuerdos alcanzados durante el fracasado intento de pacto por la enseñanza) que ayer presentó el responsable de la cartera, Ángel Gabilondo, en el Congreso.

No se explicita en el texto cómo será esa flexibilización del Bachillerato (entre otras cosas, porque aún se está decidiendo), sin embargo, lo que ya intentó el Gobierno mediante un real decreto fue que los bachilleres no tuvieran que repetir el curso entero en 1º, sino solo las asignaturas suspendidas, adelantando además algunas materias de 2º para completar el curso. El Tribunal Supremo lo tumbó porque la ley no contemplaba esa posibilidad.

Se retocarán las convalidaciones de títulos para atraer a docentes extranjeros

Pero la reapertura de la LOE, cuando apenas acaba de terminar de desplegarse por completo, es controvertida. Por eso, el ministerio empezará sondeando los apoyos que pueda tener entre los grupos parlamentarios antes de redactar ningún cambio. De tal manera que solo lo llevará al Congreso (tendría que aprobarse mediante una ley de modificación de la LOE) si los apoyos para su aprobación están bien cerrados. Además, aunque tampoco se explicita en el documento, es posible que también haya que modificar la LOE para reordenar las evaluaciones de diagnóstico de los alumnos de Primaria y Secundaria.

Por lo demás, el plan recoge básicamente todas las medidas que contenía el último documento presentado para alcanzar el pacto educativo. Aparte de los programas cofinanciados con las comunidades que se llevarán 510 millones de euros en 2010-2011, los siguientes son algunos de los cambios normativos previstos:

- Alternativas para repetidores. Los alumnos que suspendan 3º de ESO podrán elegir repetir, ir a diversificación curricular (programas con contenidos suavizados y menos profesores) o a los programas preprofesionales (PCPI). El cambio está previsto dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible.

- Profesores. Se seguirá negociando el marco básico del Estatuto Docente para el profesorado estatal de la enseñanza pública, que establezca una carrera profesional para este colectivo (promesa incumplida de la anterior legislatura). Además, se intentará tocar otro tema importante para el profesorado, los concursos de traslados, para fomentar la estabilidad de las plantillas en los centros. También se negociará el de los docentes universitarios.

- Formación profesional. Se establecerán convalidaciones de asignaturas entre Bachillerato y FP de grado medio y se incentivará que las empresas faciliten a los jóvenes compatibilizar estudios y empleo. Esto está en el proyecto de Ley de Economía Sostenible.

- Idiomas. Para mejorar la enseñanza de lengua extranjera, el ministerio planea facilitar la convalidación de titulaciones de profesorado extranjero, la incorporación de estudiantes Erasmus en España como lectores y la habilitación o acreditación del profesorado no especialista en centros bilingües.

- Autonomía de centros. Se establecerán contratos programa entre las comunidades y los colegios e institutos (públicos y concertados) con los que se establezcan una financiación y unos recursos asociados a objetivos de mejora a varios años. Aquí se trata de desarrollar lo que ya dice la LOE sobre autonomía de centros.

- Concertada. Se revisará la normativa de conciertos para asegurar las obligaciones de los colegios privados subvencionados (por ejemplo, la atención al alumnado más difícil). Pero también para ver si realmente el dinero que les dan las administraciones es suficiente (esta última revisión es un compromiso pendiente desde la aprobación de la LOE).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de julio de 2010