Los efectos innegables del derecho penal

Los dirigentes políticos se llenan la boca de declaraciones exculpatorias cuando estalla un proceso judicial, con las frases recurrentes referidas a la presunción de inocencia, a que el asunto quedará en nada, a que no existen pruebas y demás argumentos de manual. Pero si algo les hace enmudecer y reaccionar es una resolución judicial de imputación. Eso no hay partido ni institución que lo aguante.

Ocurrió con el caso Pretoria, por ejemplo, cuando, apenas unas horas después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenase varias detenciones, el PSC dio de baja al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, así como al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, a los que, además, desposeyó de sus cargos. También reaccionó Convergència al suspender de militancia temporal al ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta y al ex consejero de Economía Macià Alavedra.

No hay partido ni institución que no reaccione a una imputación judicial

Con el Palau de la Música hay una cara y una cruz: la celeridad de la juez Míriam de Rosa y la pasividad de su colega Juli Solaz. Y cuanto más avanza la instrucción del hotel del Palau, más se ven los innegables efectos de la actuación judicial.

La diligente investigación de De Rosa, tomando declaración a 18 testigos en semana y media, exigiendo y recibiendo documentación a las instituciones en el plazo de tres días, encarcelando a Millet y Montull 13 días e imputando al teniente de alcalde Ramon García-Bragado, ha hecho reaccionar al alcalde de Barcelona, que ayer desposeyó al edil y al gerente de Urbanismo de sus respectivos cargos. Y eso no vulnera en absoluto su presunción de inocencia, pero frente a esa actuación judicial no puede haber pasividad política.

En el reverso de la moneda se sitúa Juli Solaz, a punto de cumplir un año desde que acordó que los Mossos registrasen el Palau. Desde entonces han aparecido decenas de documentos sobre la supuesta financiación irregular de CiU y comisiones por la realización de obras públicas, sin que el juez haya mostrado el menor interés en averiguar la posible existencia de delitos. Y nada hace presagiar que Solaz vaya a cambiar. La última resolución que dictó ayer reitera esa pasividad, al pedir al fiscal que se pronuncie sobre qué le parece el pago de supuestas comisiones del 4% por la realización de obras públicas para financiar a Convergència. La juez De Rosa, por el contrario, ha imputado a García-Bragado y al gerente de Urbanismo sin que se lo pida el fiscal y sin hacer otra cosa que cumplir la función que tiene asignada como juez de instrucción, que no es otra que impulsar el proceso para el esclarecimiento de los supuestos delitos.

Y eso que el asunto que lleva De Rosa es una nimiedad comparado con el de Solaz. Se trata de una operación urbanística frustrada, en la que todavía está por probar el perjuicio a las arcas públicas, mientras que lo otro es el presunto saqueo de más de 35 millones de euros, buena parte de ellos de las arcas públicas. Y mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial, entre discusión y discusión sobre el reparto de cargos, expedienta a dos jueces críticos con Solaz, en lugar de pedir explicaciones al magistrado.

Y de aquellas actuaciones judiciales, estas reacciones políticas. Convergència saca pecho y asegura que nadie de los suyos está imputado por el caso del hotel, a diferencia de lo que ocurre ya con los socialistas.