Primera víctima política de Millet

Primera víctima política por el caso del hotel del Palau de la Música. El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García-Bragado (PSC), renunció ayer de manera temporal a sus funciones como responsable de Urbanismo, a raíz de ser imputado por la juez que investiga el caso. García-Bragado declarará el próximo 12 de julio junto con el gerente del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramon Messeguer, que también ha sido relevado, y el arquitecto Carles Díez.

La juez Míriam de Rosa expone en el auto de imputación que los tres "faltaron a la verdad" en la tramitación urbanística del proyecto de construcción del hotel y que "escondieron una operación especulativa existente en favor de tercero que se hubiera frustrado de conocerse la referida titularidad". Ese tercero es Olivia Hoteles, la empresa que debía construir el equipamiento sobre tres fincas que fueron descatalogadas por el Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de la Generalitat y que eran titularidad del Palau de la Música. Sin embargo, la titularidad fue cedida a esta empresa, supuestamente a cambio de una comisión para Fèlix Millet y Jordi Montull, en detrimento del Palau de la Música.

Millet y Montull están acusados en este proceso de tráfico de influencias y apropiación indebida, y han pasado 13 días en la cárcel por esta causa. La juez razonó que adoptaba esa decisión para que los saqueadores, a los que investiga también el juez Juli Solaz, no pudieran influir en los testigos que debían declarar por la causa del hotel.

En poco menos de una semana han desfilado por el juzgado 18 testigos, con lo que la juez considera que ya ha desaparecido ese riesgo.Fue el propio alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien anunció ayer el "relevo temporal" de García-Bragado, que continuará siendo teniente de alcalde, y aclaró que "confía en su honorabilidad", informa Helena Belmonte. El concejal, por su parte, expresó que estaba "sorprendido" por la imputación judicial. "Todos los trámites que se hicieron fueron para el bien de Ciutat Vella y por un interés colectivo", explicó.

No opina igual la juez instructora del caso, Míriam de Rosa, quien refiere en su auto de imputación la transcripción de una conversación telefónica entre García-Bragado, que entonces era secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Pasqual Maragall, y el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Carles Martí.

La conversación está transcrita en un documento intervenido a Montull fechado el 2 de marzo de 2006, en el que se dice que García-Bragado había hablado con Messeguer y que ambos habían acordado que la necesaria descatalogación de los edificios afectados por la construcción del hotel podía ser realizada por el Ayuntamiento sin la intervención de la Generalitat. También pactaron que el convenio de colaboración entre la Administración autonómica y el Consorcio del Palau de la Música para construir el hotel se firmaría sin darle publicidad.

El auto de imputación también recuerda que, según las anotaciones de Montull, para que se firmase el acuerdo entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Consorcio del Palau era necesario solicitar al Departamento de Cultura el informe favorable según el cual el proyecto que se proponía era bueno y conveniente para el Palau. Se asegura también: "La solicitud debe ir acompañada del proyecto que se propone y también de una memoria explicativa / justificativa de Óscar" -se supone que en referencia al arquitecto Óscar Tusquets- en la que se expusieran las ventajas que para el Palau de la Música presentaba la operación que se solicitaba.

En otro apartado se advierte de que antes de enviar al Departamento de Cultura cualquier documentación, había que hacer llegar copia a García-Bragado para que, teniendo en cuenta el cargo que ocupaba entonces, avisara a Cultura de que era "muy urgente hacer el informe". Otro de los supuestos acuerdos señala que para que prosperase la operación del hotel del Palau era necesario que Millet tuviera "controlados políticamente a todos los partidos políticos durante el proceso".

Pero no son estos los únicos documentos que cuestionan la actuación de los tres imputados que declararán el próximo día 12, los cuales, según la juez, ocultaron que el verdadero titular de las fincas afectadas por el hotel era una empresa privada, a causa de "la influencia ejercida" por Millet y Montull.

En este sentido, se alude también a dos cartas remitidas por Montull a Messeguer, fechadas el 2 de mayo y el 17 de diciembre de 2007, en las que le pide "auxilio", que les "eche una mano", y se refiere a él como su "tabla de salvación". En una de esas misivas, Montull explica que "el tema está parado en el distrito de Ciutat Vella", cuya responsable era la concejal Itziar González, y añade: "No hay manera de que se apruebe en el plenario". Por eso Montull pide al arquitecto municipal que le diga qué pueden hacer, porque sus "instancias ante la concejal de distrito no prosperan".

La juez también alude precisamente en el auto de imputación a la declaración testifical de Itziar González, realizada el pasado día 28, en la que refirió haber recibido presiones para que desistiera de su oposición al hotel. La testigo también explicó que habría estado de acuerdo con el proyecto si se hubieran atendido las consideraciones realizadas en el proceso de participación ciudadana. González escribió a García-Bragado exponiéndole su postura y el edil le "hizo ver" que no era necesario volver a tramitar todo el proyecto como proponía ella.

La concejal dimitió en abril y en el juzgado confesó que fue por el proyecto del hotel por lo que recibió más llamadas y sufrió el mayor desgaste. González, que iba en la candidatura del PSC como independiente, nunca gozó de las simpatías de sus compañeros de cartapacio.