Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Huelgas con rehenes

El incumplimiento de los servicios mínimos no puede convertirse en la pauta de sindicatos serios

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de CC OO y UGT, anunciaron ayer que hoy mismo se inicia, con manifestaciones y concentraciones en más de 40 ciudades, "un proceso ascendente hacia la huelga general" del 29 de septiembre contra la reforma laboral y los recortes del gasto público. Pero más interesante que ese anuncio fue la advertencia de Méndez en el sentido de que lo ocurrido en la huelga del metro madrileño contenía un aviso para las Administraciones: si fijan servicios mínimos abusivos, los trabajadores no los respetarán.

El derecho de huelga, que nadie cuestiona, implica la obligación de respetar la legalidad; los servicios mínimos son una garantía de proporcionalidad entre ese derecho y el de los usuarios de servicios públicos esenciales: dos millones diarios en el caso del metro de Madrid. No se recuerda ocasión en la que los sindicatos convocantes de una huelga en los servicios públicos no hayan considerado abusivos los servicios mínimos decretados, lo que ha hecho perder peso a ese argumento.

Hace unos años, sindicatos corporativos con líderes narcisistas protagonizaron huelgas salvajes en ese sector, con millones de ciudadanos tomados como rehenes de su radicalidad; se dijo entonces que eso no habría pasado si hubieran tenido más peso los sindicatos mayoritarios; pero en esta huelga, CC OO y UGT forman parte, junto a otras tres siglas, del comité de empresa. Las palabras de Méndez constituyen, por ello, una pésima referencia ante el 29 de septiembre.

La huelga de ayer tiene su origen en la decisión del Gobierno regional de Madrid de extender a los empleados de las empresas públicas que gestiona la reducción salarial decidida para los funcionarios. Algo que no hizo el Gobierno central, pero sí otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, con el argumento de que la inmensa mayoría de esos empleados tenía garantizado su puesto de trabajo, a diferencia de los de las empresas privadas.

El comité de empresa alega que existía un convenio en vigor hasta 2012 que la decisión de la Comunidad rompe unilateralmente. Pero también lo tenían los funcionarios. Es posible que haya faltado una explicación más pedagógica de la gravedad de una situación que obligaba a esos sacrificios a cambio de la seguridad en el empleo; y mayor claridad para explicar cómo encaja la reducción salarial del 5% con la garantía posterior de mantenimiento del poder adquisitivo incluida mediante una enmienda a los presupuestos de Madrid.

Pero nada de esto justifica la inflexibilidad de un comité de empresa que anuncia con toda tranquilidad que no respetará la legalidad, y una parte del cual amenaza incluso con convertir la huelga en indefinida. Caiga quien caiga, es decir, a despecho de los dos millones de usuarios damnificados directos, y los aún más numerosos atrapados por el gigantesco atasco en que se convirtió la capital de España. ¿Es así como piensan convencer a los ciudadanos de que se sumen a la huelga general?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de junio de 2010