Rabat expulsa a una española de El Aaiún por "proselitismo"
La evangélica Sara Domene, profesora de español, llegó ayer a Las Palmas
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"Al principio pensé que me gastaban una broma". Sara Domene, barcelonesa de 31 años, no daba crédito cuando, el viernes pasado, recibió la llamada de un funcionario español que ejerce funciones consulares en El Aaiún.
La invitó a que se pasara por su despacho para leerle una orden de expulsión del gobernador del Sáhara remitida a la Embajada de España en Rabat. Según el texto, Sara Domene constituía "una grave amenaza para el orden público y su expulsión es una necesidad imperiosa para salvaguardar el orden público".
Detrás de esa "amenaza" se esconde una acusación de proselitismo, un delito en Marruecos. Domene es evangélica y desde 2007 daba clases de español en El Aaiún por cuenta de una ONG y con la ayuda de una Iglesia Evangélica de Sant Boi de Llobregat.
"Soy evangélica, pero soy filóloga y me he dedicado exclusivamente a dar clases de castellano con las que recaudábamos dinero para dos centros de discapacitados", asegura al teléfono desde Las Palmas, donde llegó ayer.
Desde marzo unos 120 cristianos, en su mayoría occidentales, han sido obligados a abandonar Marruecos. Una intervención de la Embajada de EE UU logró frenar las expulsiones de sus ciudadanos, pero las de otros países, como España, siguen adelante.
El funcionario español que trasladó la orden a Domene le ofreció "protección consular" para intentar evitar la sanción, precisan fuentes de Asuntos Exteriores. "No es verdad", asegura ella. "No se me dio tampoco copia de la orden. Creo que la diplomacia española podría poner más empeño en defendernos".
Domene es la segunda española expulsada por Rabat después de Francisco Patón, de 60 años, gerente de una empresa fotovoltaica en Rabat, que, según Exteriores, recurrió la medida en mayo ante los tribunales con la ayuda del Consulado de España. Su recurso fue desestimado.
Domene fue convocada en la comisaría central de policía. "Allí me esperaban el comisario jefe y cinco agentes para comunicarme la orden. Me advirtieron de que disponía de 48 horas para largarme y que si no lo hacía habría represalias", recuerda. "Al principio hubo tensión porque les pregunté el porqué de la sanción y les dije que era injusta y arbitraria. Contestaron que no estaba allí para preguntar". Después se echó a llorar "y los policías corrieron a buscar pañuelos y empezaron a dar explicaciones". "Son órdenes de arriba que debemos cumplir", se disculparon.
