Accionistas de Metrovacesa acusan a Sanahuja de generar pérdidas millonarias

El presidente de Metrovacesa, Vitalino Nafría, recibió el pasado 27 de mayo una carta en la que un grupo de accionistas minoritarios le solicitaba información sobre operaciones aprobadas por la anterior cúpula de la inmobiliaria que, según estos inversores, habían supuesto a la empresa pérdidas multimillonarias.

Fuentes de Metrovacesa confirman que el mes anterior recibieron un requerimiento notarial en este sentido, aunque prefieren no detallar su contenido. El grupo de accionistas que encabeza Francisco Javier González Tostado acusa al equipo liderado por el antiguo presidente de la inmobiliaria, Román Sanahuja, y el consejero delegado, Jesús García de Ponga, de operaciones que "pueden ser susceptibles de ser tipificadas como delitos societarios de los previstos en los artículos 290 y siguientes del Código Penal y, probablemente, puedan ser consideradas operaciones de autocontratación".

En concreto, estos accionistas apuntan a las compras de edificios en París en las que Metrovacesa perdió unos 500 millones de euros; a la adquisición de un suelo comercial en la torre del HSBC en Londres, con unas pérdidas de 150 millones; y la compra de acciones de la inmobiliaria por parte de los Sanahuja financiada mediante préstamos concedidos por el HSBC a los Sanahuja con aval de la propia inmobiliaria, siempre según la versión de estos accionistas a los que representa el abogado José Luis Abascal Escudero.

Los préstamos que la empresa concedió a los Sanahuja, la cancelación de deudas pendientes de esta familia o de empresas del grupo con Metrovacesa o el pago de honorarios a profesionales de varias decenas de millones de euros son otras de las operaciones que estos inversores minoritarios consideran sospechosas y sobre las que piden más información al nuevo equipo directivo de Metrovacesa, que no tiene nada que ver con el anterior.

Sacresa responde que se mezclan acusaciones, en su mayor parte infundadas. Fuentes del grupo aducen que los mayores accionistas de la compañía aprobaron las cuentas el año pasado.

En la carta dirigida al actual presidente, los accionistas protestan porque en respuesta al requerimiento notarial que enviaron el 7 de abril se les denegaba el derecho a la información y recuerdan que la Ley de Sociedades establece que la junta de accionistas puede impugnar los acuerdos contrarios a la ley. Solicitan al presidente que envíe la información en un plazo de 10 días y aseguran que, en caso contrario, recurrirán a las acciones penales. Pero lo cierto es que un mes después de haber enviado esta misiva, todavía no han recurrido a los tribunales.

Precisamente hoy se celebra la junta general de Metrovacesa, pendiente de cerrar la refinanciación de la deuda de 5.786 millones de euros.