La policía pide que testifique por Gürtel la presidenta de las Cortes Valencianas

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa.

Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps.

Se solicita interrogar a una quincena de cargos de Turismo en relación con Fitur

En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta.

En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros.

El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006. En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez.

Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa. Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur.

Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio.

El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana. La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron.

La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí.

La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional.

Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas.

Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005.