La investigación de Gürtel sobre la gestión de Martínez preocupa al PP

El PP no oculta, en privado, su preocupación por las pesquisas que la policía está realizando sobre la relación de la cúpula de la Consejería y la Agencia Valenciana de Turismo, en la etapa en la que era consejera Milagrosa Martínez, con las empresas de la trama Gürtel.

La brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, tal y como informó ayer EL PAÍS, propone el interrogatorio de la cúpula de Turismo que adjudicó en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -la feria internacional de turismo- a la franquicia valenciana de la trama corrupta, Orange Market. Entre los cargos que la policía propone interrogar están la ex consejera y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret -imputado en el caso de los trajes que instruye el TSJ de la Comunidad Valenciana- y la entonces subsecretaria Isabel Villalonga, hoy responsable de la Abogacía de la Generalitat.

Luna ve probable que la presidenta declare por supuesta prevaricación

Compromís y EU exigen que el PP asuman sus responsabilidades

El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Rafael Blasco, pidió "mucha prudencia y mucha cautela". Blasco insistió en el argumentario oficial de que "ningún responsable político [del PP] ha cometido algo, ni siquiera remotamente, que pudiera ser reprobable".

La propia presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, optó por no rehuir los micrófonos para transmitir sensación de normalidad. "Todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad", dijo Martínez. La presidenta añadió que, si fuera llamada a prestar declaración, colaboraría con la justicia porque "es un deber y una obligación de cualquier ciudadano".

El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que la probable declaración de Martínez "era esperable", ya que era ella la consejera cuando Orange Market logró el primer contrato de Fitur. "Es evidente que, si se confirma lo que dice el informe de la oficina de auxilio judicial, ahí ha habido operaciones que rozan la prevaricación. Y la prevaricación tiene diez años de prescripción", dijo Luna. El portavoz socialista añadió: "No se trata de regalos que prescriben a los tres años". Una referencia al regalo de 2.400 euros que, supuestamente, le regaló la trama corrupta a Martínez en la Navidad de 2006. La Fiscalía Anticorrupción observó en este regalo un supuesto delito de cohecho que habría prescrito al cumplirse más de tres años desde que se hizo.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la presidenta del Parlamento que "asuman sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel para evitar que se siga dañando el prestigio de las instituciones valencianas".

"Es evidente que en este asunto no se han dado las oportunas explicaciones y se han negado los hechos", prosiguió Morera, "y los hechos son que la justicia va avanzando", dijo el portavoz de Compromís, que añadió que el nuevo informe policial "no implica únicamente al Gobierno valenciano, que en estos momentos está imputado en delitos gravísimos, sino que ahora es ya la propia presidenta de las Cortes Valencianas".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó a la presidenta de la Cámara a "dar cuenta" de su gestión al frente de la Consejería de Turismo. "La imagen que están dando [los populares] rehuyendo las responsabilidades políticas que les atañen es, simplemente, rechazable", dijo.