Los capos musulmanes de Cunit

Si a un musulmán de Cunit (Tarragona, 12.300 habitantes) le urge obtener un permiso de obras, la mediación del presidente de la mezquita local puede abrirle con presteza el despacho de los responsables del Gobierno local. Cuando una musulmana les molestaba por su comportamiento, el imán del municipio lanzaba críticas desde el oratorio para criminalizarla en el seno de la comunidad. El presidente de la Asociación Islámica de Cunit, Abderramán el Osri, y el imán de la localidad, Mohamed Benbrahim, conjugaron ambas estrategias para controlar al colectivo magrebí del municipio hasta erigirse en una suerte de caciques amparados por la permisividad del Consistorio, gobernado por el PSC desde que esta mezquita se fundó en 2001. Así lo advierte un informe interno que el Ayuntamiento redactó en 2009 -al que ha tenido acceso este diario- y que ya alertaba del excesivo poder acumulado por los dos líderes ahora imputados. Ambos serán juzgados este jueves por coaccionar y amenazar presuntamente desde finales de 2008 a una musulmana de la localidad que dejó de llevar velo: una mediadora municipal por cuyo cargo los acusados, al parecer, temieron perder influencia sobre los magrebíes de la localidad. El fiscal pide cinco años de cárcel para el imán, dos para la esposa y la hija de este, y cuatro para el presidente de una entidad cívico-religiosa, auténtico capo en la sombra que lleva una década dictando el paso de su comunidad.

Un informe desvela una estructura caciquil islámica con respaldo municipal

Los jefes religiosos dictaminan a quién se beneficia y a quién se margina

"Estas tensiones no suelen aflorar, pero se repiten con distinta intensidad en el resto de mezquitas del país y en los municipios con fuerte presencia musulmana", advierte el investigador y experto en el islam, Jordi Moreres. "Algunos Ayuntamientos quedan desbordados porque no saben con quién dialogar", razona.

En Cunit, los dos líderes de la mezquita se erigen como único vínculo entre musulmanes y Administración. Un papel que fue incrementando el poder de los imputados. "Actúan como únicos interlocutores y no respetan los canales fijados por el Ayuntamiento", precisa el informe municipal. El presidente de la mezquita solía acudir a las plantas nobles del Ayuntamiento para gestionar asuntos con la naturalidad del que pasea por sus dominios, señalan varios funcionarios. Desde allí aceleraba o frenaba el papeleo de trámites para sus feligreses; o lograba que tal persona accediera o fuera rechazada en los cursos de formación que ofrece el municipio. El informe aprecia tintes de esta estructura caciquil bajo consentimiento municipal: "Se intenta que aborden sus asuntos a través de los técnicos, pero se dirigen a los políticos, que los atienden de forma directa". "Rechazan mantener conversaciones con técnicos municipales. Especialmente con técnicas, por ser mujeres".

Como ejemplo de su influencia, el informe destaca la recogida de unas 90 firmas de magrebíes que los imputados entregaron al Ayuntamiento para exigir el despido de la trabajadora supuestamente acosada. "Tomamos en consideración sus inquietudes", respondió en su día a los imputados la alcaldesa local, la también senadora por Tarragona, Judit Alberich.

La situación supone una problemática más compleja que la ahora contemplada en la actual polémica sobre el burka: la incapacidad de la Administración local para gestionar las presiones lanzadas desde el liderazgo musulmán. En Cunit, la mezquita explota "las labores de acogida" que les asignaba el Ayuntamiento para "obtener más influencia y control sobre la comunidad". También para "segregar al colectivo de la población autóctona en edades cada vez más tempranas". El informe deja claro que la actitud municipal multiplicó la influencia de una mezquita radical: la vincula, de hecho, al movimiento salafista, corriente extremista del islam que defiende la ruptura con los valores occidentales. También la retrata como una especie de Ayuntamiento paralelo desde el que se fomenta la apología del radicalismo.

Y apunta explícitamente a los dos capos que se erigieron, primero, en el único punto de contacto del Ayuntamiento con la comunidad magrebí; después, en los hombres capaces de lo imposible a ojos de este colectivo, capaces de ayudar o hundir a sus seguidores, según les conviniera. "Tenían los contactos suficientes en el Ayuntamiento para facilitar las cosas", explica un técnico municipal que participó en la elaboración del informe y pide el anonimato para evitar represalias.

El informe no precisa si el Ayuntamiento consintió en aupar al imán a nivel de capo dentro de su comunidad. "Solo abordaba los problemas que creíamos urgentes afrontar", se limita a añadir Silvia Martínez, responsable de la Concejalía de Inmigración desde la que se elaboró el documento.