Demasiadas dudas

La reforma laboral contenida en el decreto ley aprobado la semana pasada debe resolver tres problemas graves del mercado de trabajo en España. El primer objetivo es acabar con la dualidad del sistema laboral que consagra, por una parte, un conjunto de trabajadores con contratos fijos con una elevada protección legal y, por otra, un gran número de trabajadores con contratos temporales de muy baja protección. El segundo motivo estratégico de la reforma es facilitar la contratación y, por lo tanto, la creación de empleo, desde el supuesto de que flexibilizar la negociación colectiva y acotar un poco mejor las causas de un despido por razones económicas, para que los jueces puedan decidir con más claridad los motivos de los ajustes de empleo, suscitará mayor confianza de los empresarios cuando lleguen los primeros indicios de recuperación económica. Hay dudas de que los medios dispuestos para obtener estos objetivos sean los adecuados; y queda además la incertidumbre sobre el contenido final de una reforma que queda al albur de una negociación política necesariamente prolongada.

El núcleo de la reforma no está, pues, en el abaratamiento del precio del despido (aunque es evidente que el coste de las indemnizaciones puede tener importancia en las cuentas de resultados en plena fase de recesión), sino en conceder a las empresas capacidad para que se descuelguen de los convenios sectoriales y territoriales, de forma que puedan negociar con sus empleados las condiciones salariales en caso de grave dificultad económica y en precisar las causas objetivas de deterioro económico que pueden argumentar las sociedades para solicitar los ajustes de empleo. En ambos puntos, el decreto es impreciso; incluso es más ambiguo que la propuesta de reforma presentada el viernes anterior por el propio Gobierno. De forma que lo más probable es que, tal como está redactada, contribuya bien poco a generar puestos de trabajo más estables. Y hay que temer que todavía sea más difícil si los cambios que se introducen, a causa de un prolijo intercambio de favores políticos y opiniones con los partidos de la oposición, no sirven para aclarar ambos puntos.

El Gobierno tampoco ha descendido a debatir una objeción anunciada por economistas y políticos, el gobernador del Banco de España entre otros: no son estos los mejores tiempos para castigar la contratación temporal ofreciendo a cambio incentivos para que se extienda un inflexible contrato de trabajo con 33 días de despido. La temporalidad debe ser combatida, pero el método mejor es construir un contrato fijo con un coste de indemnización variable en función del tiempo trabajado, de forma que la contratación precaria desaparezca por extinción. Como tampoco es una buena idea hilvanar cambios en el mercado de trabajo con incentivos que impliquen costes para el erario público.

Una buena reforma del mercado de trabajo requiere orientar mejor los instrumentos que propone en función de los objetivos que persigue. El debate político debería servir para eso, para aclarar diagnósticos y templar las medidas. Los precedentes no invitan al optimismo. Obsérvese además que por toda Europa, en Francia e Italia especialmente, se extienden las huelgas y la conflictividad social en contra de lo que se interpreta como recortes de los derechos sociales. Europa se enfrenta a un otoño caliente. El fondo de esta cuestión sigue siendo la contraposición entre la idea de que esta fase de la crisis solo se superará con políticas de ajuste drástico que reduzcan el déficit, defendida por Alemania, y la posición de quienes sostienen, como Barack Obama, que todavía es necesario dejar margen a las políticas de estímulo económico para favorecer la recuperación. Ambas posiciones llegarán probablemente hoy a una solución de compromiso en la cumbre del G-20 en Toronto.