Los grandes inválidos por terrorismo recibirán medio millón

Los baremos para indemnizar a las víctimas del terrorismo serán fijos y tendrán que aplicarlos todos los jueces por igual. El Estado pagará 250.000 euros por fallecimiento, 500.000 por gran invalidez y 180.000 por incapacidad permanente absoluta, cantidades que podrán ser aumentadas en función de las cargas familiares de la persona afectada. El Estado, por otro lado, se hará cargo también del pago de la responsabilidad civil fijada en la sentencia para los condenados por el delito (reparación independiente de la prestación anterior) cuando estos no paguen. Estas cuantías se limitarán en función de si ha habido o no ayuda estatal previa.

El texto completo de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, pactado por todos los grupos parlamentarios, fue presentado ayer para que se tramite como proposición de ley en la Mesa del Congreso de los Diputados.

El texto incorpora otras dos grandes novedades ya anunciadas. La primera, la consideración de los amenazados como víctimas del terrorismo. Pero las ayudas que recibirán no quedan muy claras en la ley. El artículo 5 sólo señala que "las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias, por parte de las Administraciones Públicas".

Aplicación retroactiva

La segunda novedad es la aplicación retroactiva de la ley hasta 1960, que implica que cualquiera que haya recibido hasta este momento indemnizaciones que queden por debajo de las que fija la nueva norma podrán pedir que se revisen las cuantías.

El régimen de ayudas se aplicará también a los españoles que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen habitualmente en España -lo que en principio debería comprender, por tanto, a Al Qaeda- o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español. Serán también beneficiarios los participantes en operaciones de paz que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de atentado. Los españoles que no estén incluidos en estos supuestos pero que sufran un atentado tendrán derecho a una ayuda de menor cuantía.