Boadilla paga 1,55 millones más a una empresa del 'caso Gürtel'

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) ha pagado desde febrero fuera de contrato 1,55 millones de euros a una de las empresas investigadas en la trama Gürtel, cuyos responsables en Boadilla y en Majadahonda están imputados por el presunto pago de comisiones ilegales. Se trata de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Boadilla, conformada por las sociedades Sufi, SA, y Aqualia (FCC), y que desde febrero de 2004 se encarga de los servicios de limpieza.

Pero desde el 3 de febrero de este año esta sociedad presta sus servicios de "manera excepcional", tal y como acordó la junta de gobierno de Boadilla, presidida por su alcalde, el popular Juan Siguero. Precisamente la policía considera que el regidor de este municipio pudo haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información a las empresas de Francisco Correa. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, investiga también otro acuerdo reciente del Consistorio encabezado por Siguero con otra de las empresas relacionadas con el caso, por el cual Boadilla pagará 7,1 millones a uno de los testaferros del cerebro de la trama.

El Consistorio dice que los pliegos para una nueva contrata están "en proceso"

Desde que se extinguió el contrato de la recogida de basuras en febrero, el Consistorio viene pagando todos los meses 387.935,8 euros a la UTE investigada. Esto ha provocado que la interventora municipal firmara varios informes negativos resaltando que esta decisión del actual alcalde "no tiene amparo contractual" y que "se han realizado gastos sin cumplir el procedimiento de gasto".

Los servicios de limpieza de Boadilla se adjudicaron el 4 de febrero de 2004. Este contrato finalizaba en el mismo mes de 2010, pero el 26 de noviembre de 2009 el propio Juan Siguero decretó que el contrato no se iba a prorrogar. Pero tal y como constata la interventora municipal, desde la finalización del mismo la UTE ha prestado el servicio con el respaldo de un acuerdo de la junta de gobierno local del 14 de diciembre en el que se notificaba a la empresa "la continuidad excepcional en la prestación del servicio hasta la adjudicación del nuevo procedimiento de contratación".

El Ayuntamiento justificó esta decisión porque los pliegos de la nueva contratación estaban en fase de elaboración, y mientras se elaboraban no se podía dejar de prestar este servicio. Desde entonces han pasado cinco meses y la empresa sigue cobrando los casi 400.000 euros que le corresponden por realizar los trabajos de limpieza.

Pero para la interventora municipal este acuerdo "no constituye una prórroga formal del contrato", por lo que insta a que el servicio de la limpieza de Boadilla se saque a concurso lo antes posible. "Esta intervención recomienda que la junta de gobierno y la Comisión de Hacienda establezcan un sistema de control y seguimiento para que la incoación de estos expedientes no se retrase mucho, teniendo en cuenta además que en algunos casos llevan bastante tiempo en situación irregular".

La adjudicación a esta UTE está en el punto de mira del juez Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas operaciones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio por un precio anual de 2,2 millones el contrato de la recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse el servicio en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros.

Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de las modificaciones suponía un aumento del coste anual de la gestión de las basuras para el Ayuntamiento de Boadilla, pasando de 2,2 millones a 3,97 millones.