Las Cortes verán los cambios del Constitucional que pide Montilla

La propuesta del Parlamento de Cataluña para reformar la ley y evitar situaciones de interinidad en los magistrados del Tribunal Constitucional fue ayer admitida a trámite por el Senado con los votos en contra del PP. Se trata de una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impulsada por los partidos de la Generalitat (PSC, ERC e ICV) y la oposición catalana (CiU) el mes pasado. Estos mismos partidos la presentaron en el Senado, que aprobó su toma en consideración (tramitar la ley) con apoyo de todos los grupos menos el PP y una abstención.

El paso siguiente es que se tramite como cualquier proposición de ley, es decir, que se enviará al Congreso, donde se abrirá un periodo de enmiendas sin límite de tiempo.

La proposición de ley fue defendida por el presidente del PSC y vicepresidente del Senado, Isidre Molas, que concentró su intervención en los aspectos técnicos de la modificación legal y los "problemas" concretos que trata de resolver en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. La propuesta incluye que los magistrados cesen seis meses después de la fecha obligada de renovación; que sean necesarias mayorías reforzadas en el tribunal para decidir sobre estatutos; que deba resolver en el plazo de seis meses; y que no pueda hacer sentencias interpretativas de este tipo de leyes.

El PP, sin embargo, centró inmediatamente el debate en la realidad que subyace bajo la propuesta, como son los reiterados intentos de sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que el tribunal, y que en su versión más favorable, cercenan más de dos docenas de preceptos. La posibilidad de una sentencia adversa, con cuatro magistrados en prórroga desde 2007, uno fallecido y otro recusado, indigna a los partidos catalanes que impulsaron el Estatuto.

El senador balear Juan Huguet repitió el argumento de que se intentan cambiar las reglas "a mitad del partido". PSC, PSOE y CiU le respondieron recordando las maniobras del PP en el Constitucional nada más presentar el recurso contra el Estatuto.