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Editorial:

Un poco de confusión

La tramitación como ley no debe convertirse en pretexto para desactivar la reforma laboral

Bajo la sombra de una huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, la reforma laboral del Gobierno, motivo expreso de la huelga, no acaba de cristalizar en una propuesta nítida y convincente. El decreto que aprobó ayer el Gobierno, en vigor desde mañana, contiene algunas modificaciones sobre el documento que el Ejecutivo presentó el viernes, y no todas lo mejoran. El pilar de la reforma es la extensión universal del contrato de fomento con un coste de despido de 33 días; a partir de hoy, cualquier trabajador de entre 31 y 44 años podrá ser contratado mediante esta modalidad. Pero, a cambio de este rasgo de convicción, el decreto ha difuminado la redacción de las causas de despido. Si en la propuesta de la semana pasada se entendía como causa del despido el que una empresa tenga pérdidas no meramente coyunturales, el decreto exige ahora que de las cuentas de la empresa se desprenda una "situación económica negativa".

Las vacilaciones demuestran que el Gobierno no tiene claros cuáles son los límites de la reforma laboral que pretende. No admite las tesis de la CEOE y, por ello, penaliza la contratación temporal y admite el arbitraje en la negociación colectiva solamente en los casos en los que esa opción esté incluida en los convenios. Pero al mismo tiempo es consciente de que debe actuar en contra de la dualidad del mercado laboral y abaratar el despido a cambio de favorecer la creación de empleo. Bascula entre ambas decisiones empujado por las amenazas sindicales y la hosca respuesta de la CEOE a la nueva contratación y, por tanto, transmite indecisión.

Pero el mensaje puede enturbiarse todavía más, porque el Gobierno pretende tramitar el decreto como proyecto de ley. Este paso tiene efectos políticos favorables, porque reafirma la legitimidad del Parlamento frente a la presión sindical e implicará en la tarea a los partidos. Ahora bien, traslada a la oposición el peso de aclarar aspectos cruciales de la reforma, como la causa de despido, las cláusulas de descuelgue o la contratación temporal. Si se trata de transmitir firmeza a los mercados, el juicio de los inversores queda suspendido hasta que se apruebe la ley. Si, con la coartada del trámite por ley, al Gobierno le asalta la tentación de embarcarse en otra de sus famosas dilaciones, recuerde que ya no tiene margen de maniobra. Para convencerse, solo tiene que consultar el diferencial de la deuda con el bono alemán.

Ante esta propuesta de reforma, un poco más confusa desde ayer, la convocatoria de huelga general de CC OO y UGT carece de fundamentos razonables. La llamada al paro revela que a los sindicatos les importan únicamente los derechos de los trabajadores con contrato fijo y alta indemnización. Solo así se explica que alcen la voz cuando se recorta el salario de los funcionarios. Como si los empleados públicos fuesen inmunes a la recesión, que se ha cobrado en España 2,2 millones de parados y ha reducido las rentas de cientos de miles de asalariados.

A los sindicatos les asiste el derecho a convocar una huelga general; pero entre las causas y la respuesta debe existir una cierta proporcionalidad. No es éste el caso. El Gobierno ha concedido un margen suficiente de tiempo para la negociación de los agentes sociales, sin que haya habido acuerdo. Si la razón de la protesta es que los trabajadores pierden derechos adquiridos, la réplica bien podría ser que el objetivo principal del Ejecutivo debe ser crear empleo; y si la razón es torcer la voluntad del Gobierno, recuérdese que la reforma laboral viene exigida por la urgencia de favorecer la contratación y como una de las contrapartidas exigibles a cambio del sistema de protección del euro que debe salvaguardar la solvencia española. El Ejecutivo no puede echarse atrás; la huelga general carece de finalidad práctica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 2010