Una ex imputada en el fraude de Irún critica a los jueces y fiscales del caso

El marido de la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea, imputada en el presunto fraude de Irún hasta que recientemente el juez retiró todas las acusaciones que había en su contra, hace responsables a los jueces y fiscales que han intervenido en este procedimiento del "calvario" que sufrió su esposa durante los tres años que duró la instrucción judicial y señala que los daños morales y económicos "han sido muy importantes". En la misma línea, critica la actuación que ha tenido en este caso el actual diputado de Hacienda, Pello González.

En un escrito remitido este fin de semana a varios medios de comunicación, Ildefonso Guevara, marido de Gracenea, narra el "penoso vía crucis" y los "tres años de infierno" que le ha tocado vivir desde que el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, a quien cita con su nombre y apellido, solicitó la imputación "columpiándose sobre el vacío indiciario más absoluto". Gracenea trabajó durante 13 años en la oficina tributaria de Irún, donde se descubrió un fraude supuestamente cometido por su ex director José María Bravo, acusado de cobrar deudas de contribuyentes que después no se ingresaban íntegramente en la Hacienda foral. Por esta causa, el juez acusa a Bravo de nueve delitos y de apropiarse de al menos 2,1 millones de euros, además de ocasionar un quebranto económico de 8,1 millones al fisco guipuzcoano.

"He estado tres años en el infierno. Habrá tiempo de saldar cuentas"

La carta, redactada bajo el título "¿Y ahora qué? (La resaca de una justicia patética)", proclama la inocencia de Gracenea y su nula implicación con la presunta estafa. En la misma, pone en entredicho la insistencia de la Fiscalía en mantenerle como imputada y critica la resistencia de la jueza instructora Almudena Ovejero a apartarla del caso. Detalla las "torpezas abochornantes" en que incurrió la policía judicial al sumar conceptos económicos contrapuestos (el haber y el debe) y transformar pesetas en euros de una cuenta que ella compartía con Bravo.

La familia de Gracenea cree un "hecho gravísimo" que la jueza Ovejero mantuviera su imputación sin citar cargos verosímiles: "Cuando a una persona se le imputa sin precisar de qué y por qué razones, se le está sumiendo en la más escandalosa indefensión". Añade que la funcionaria siguió encausada "por los elementos inculpatorios que pudieran aparecer" más adelante, lo que a su juicio suponía "una imputación cautelar", esto es, "un colosal disparate en nuestro marco constitucional".

El auto del juez Julián García Marcos que levanta las acusaciones contra ella, conocido el pasado 18 de junio, le ha satisfecho "tarde y solo a medias". Gracenea y su marido se muestran defraudados con la "tibieza y el oscurantismo" del juez porque no cita los hechos que habían justificado la imputación, ni menciona las pruebas en su contra. Contra el diputado González, dice que se ha quedado "más sólo que la una" al defender el recurso contra el sobreseimiento. "Es comprensible que quien, tras haber estado blandiendo engreída y ostentosamente su espada justiciera, no tolere la mortificación de tenérsela que envainar", escribe.

Finalmente, Gracenea avisa de que "habrá tiempo de saldar cuentas pendientes" ante los tribunales y la opinión pública.