Cuánta politiquería

El fracaso de la huelga del martes tiene calado político para el PSOE y el Gobierno de Zapatero, que se guardan de sacar pecho en aras de preservar la relación con los sindicatos. Y también para el Partido Popular, cuya dirección aparece dividida sobre si debe apoyarse o no el proceso de paros. Esto se comprobó durante la jornada del martes, cuando persona tan principal como Esteban González Pons dijo que, de ser funcionario, se habría sumado a la huelga, mientras la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, se negaba a hacerlo.

Los dirigentes políticos multiplican la confusión de los administrados. Diciendo cosas sin matices, como Rajoy, aferrado a la idea básica de no subir los impuestos aunque desconozca cual va a ser la pólítica fiscal en la zona euro; anunciando una sucesión de podas del gasto social, como Zapatero, sin explicar por qué las negó el 5 de mayo y se cayó del caballo el 12 de ese mes; o anticipando a ciegas un voto negativo al Presupuesto de 2011, al modo de Duran i Lleida. La élite debería reconocer a las claras la amenaza que representa el peso de la deuda privada, y la imposibilidad de ir contra todas las instituciones internacionales que sostienen la necesidad de embridar el déficit público. Al menos, una coordinación política se antoja indispensable para cuadrar el círculo de dinamizar la economía y crear empleo, invirtiendo menos. Sin entendimiento político también se agudizarán las tensiones territoriales, ya que el Gobierno de España carece de fuerza jurídica a la hora de fijar a las comunidades autónomas la parte que les toca en los recortes.

Hasta la dirección del PP aparece dividida sobre si deben apoyarse o no los procesos de huelgas

Dentro de tantas oscuridades, el mejor indicio de la gravedad del problema es la variedad de colores de los gobiernos empeñados en poner a dieta a sus pueblos. No solo la democristiana Angela Merkel aterra a sus socios europeos programando un hachazo de 80.000 millones en el gasto público de Alemania (que incluye la supresión de 55.000 puestos de empleados, 15.000 civiles y el resto militares). Aunque las cifras sean mucho menores, Portugal (gobierno socialista) congela sueldos públicos y anuncia la no sustitución de uno de cada dos funcionarios que se jubilen, Italia (de derechas) prepara la congelación de salarios públicos y eleva la edad de jubilación de las mujeres, Grecia (socialista) reduce las pensiones y suprime las pagas extraordinarias a funcionarios, Irlanda mantiene desde 2009 una rebaja de los sueldos públicos. Y el recién estrenado primer ministro británico, David Cameron (conservador) prepara a sus conciudadanos nada menos que para aceptar cambios en su "estilo de vida".

Hay tantas preocupaciones a compartir que da grima la politiquería desplegada en el mes transcurrido desde que Zapatero anunció el menú del plan de adelgazamiento. Cortar con las actitudes y las declaraciones superficiales ayudaría a restablecer una imagen de seriedad.