Las tres presidencias vacantes avivan el pulso de fuerzas entre APM y JyD

Como en un bucle sin fin, las cartas vuelven a estar sobre la mesa. La lucha entre las dos grandes corrientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está servida para dirimir las tres presidencias vacantes aún de la judicatura vasca. Una vez decantada la jefatura del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en favor del candidato independiente Juan Luis Ibarra, como única opción de consenso en las negociaciones, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista de Jueces para la Democracia (JpD) aspiran ahora a hacerse con la sala de lo Contencioso y las Audiencias de Guipúzcoa y Álava. Una terna de escenarios que se prevén abonados a la polémica.

La presidencia de la Audiencia de Guipúzcoa, el escenario más duro

El relevo de Ibarra en lo Contencioso se atisba como el menos conflictivo

Tres candidatos pujarán por presidir la Audiencia de Álava

La APM digiere con dificultad cómo Ruiz Piñeiro se vio forzado a abandonar

La plaza de San Sebastián se presenta como la más compleja de resolver. Por ella compiten los tres mismos candidatos que ya fueron rechazados en marzo: el progresista Iñaki Subijana, el conservador Juan Pablo González y el independiente Luis Blánquez. Una primera piedra en el camino, según han advertido ya algunos vocales del Poder Judicial, al denunciar que "la gente no capta las indirectas". "Si no les votamos en su momento, ¿por qué vuelven a presentarse?", han llegado a cuestionar desde el Consejo, conscientes de la difícil papeleta que supondría argumentar ahora un nombramiento que en su momento se descartó, así como del fracaso que supondría asistir a un segundo bloqueo en el siguiente intento.

La APM se ha encargado de caldear aún más si cabe el ambiente al solicitar, a través de su candidato en Guipúzcoa, la recusación de la vocal nacionalista Margarita Uria y del socialista José Manuel Gómez Benítez, a quienes acusa de ser parte interesada en el proceso. Todo un desafío al CGPJ que ha enfangado la cuestión, pese a que la designación requiere sólo de una mayoría simple de 11 votos sobre 21.

Descartado Blánquez por su polémico historial profesional y relegado González por su condición de inasumible para la izquierda ideológica, sólo Subijana parece en condiciones de acceder al puesto, aunque su apoyo ni siquiera está garantizado entre la bancada progresista.

Menos conflictivo se presenta el intento de relevar a Ibarra al frente de lo Contencioso, un puesto por el que también pugnan la APM y JpD a través de Luis Garrido y Javier Murgoitio, respectivamente. Por edad y experiencia, el segundo candidato parte con ventaja, si bien las negociaciones del Poder Judicial en lo que a Euskadi se refiere serán a tres bandas.

La Audiencia de Álava se ha configurado en las últimas semanas como un tercer escenario vasco que podría facilitar un reparto equitativo de las presidencias, pero que podría contribuir también a un bloqueo total si no hay acuerdo.

Aunque no han confirmado aún su condición de candidatos y tienen de plazo hasta el próximo día 10 de junio para hacerlo, por la plaza de Vitoria se han interesado tres magistrados de la propia Audiencia alavesa: el progresista Jaime Tapia, la conservadora Mercedes Guerrero y el no asociado Jesús María Medrano. A este último, el más veterano de la terna, le quedan sólo dos años para la jubilación. Un período de tiempo escaso para un mandato que, en teoría, es de un lustro, pero que le confiere una especie de condición de opción de emergencia ante la posibilidad de que se asista a un desencuentro en las negociaciones.

Las dos grandes asociaciones judiciales han asumido un rol que, en la mayoría de los casos, no comparten sus afiliados y candidatos. En especial los progresistas, algunos de los cuales han visto mermadas sus aspiraciones ante el supuesto empeño de convertir las designaciones en una lucha intestina de intereses, más que en una simple elección del pretendiente más adecuado. Cierto es que motivos no le faltan a la APM para reclamar puestos de representación en Euskadi, ya que no ostenta ninguno en la actualidad, con excepción del de juez decano de Bilbao, pese a ser el colectivo mayoritario entre la carrera.

Tampoco es menos real que a día de hoy siguen vislumbrándose las secuelas de la tensión que los poderes político y judicial mantuvieron en el País Vasco durante el último Gobierno del PNV por los procesamientos del ex presidente del Parlamento Juan María Atutxa y el anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe. Una polémica relación que pudo pasarle factura a Fernando Ruiz Piñeiro, quien tuvo que abandonar la carrera por repetir como presidente del Tribunal Superior para romper el bloqueo al que se había visto abocado el puesto con su presencia.

Una forzosa retirada que la APM no ha digerido aún, pese a la designación de Ibarra como sucesor de Ruiz Piñeiro. El actual presidente ya ha manifestado su apuesta por una línea de cierta continuidad. El desagravio al que considera que se ha visto sometida la asociación conservadora podría explicar su apuesta para Guipúzcoa por Juan Pablo González, cuya imagen se ha identificado siempre con las antípodas del nacionalismo político. En la memoria perdura la querella que el PNV interpuso contra él por un presunto delito de injurias y calumnias tras unas acusaciones de connivencia con ETA.

Factores que, en su conjunto, han convertido Euskadi en un polvorín que ha dificultado sobremanera los nombramientos, provocando la renuncia de posibles candidatos a luchar por no pocos puestos. Una realidad que se aleja de la que soportan otras comunidades, pero con las que guarda cierta relación. Como si no fuera ya suficientemente complejo el escenario, las designaciones vascas podrían depender, además, de la negociación de las presidencias en otras autonomías, como las de los tribunales superiores de Cataluña, Valencia y Andalucía.