El 'Guateque' asfixia al juez Torres

La falta de medios tiene estrangulado el juzgado de Madrid que investiga el caso Guateque, la gigantesca trama de tráfico ilegal de licencias para locales públicos que implica a empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid descubierta a finales de 2007.

Las diligencias de este macroproceso, con más de 100 imputados, sobrepasan ya los 130.000 folios y están semiestancadas desde finales del año pasado, coincidiendo con la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre de retirar los refuerzos humanos que se habilitaron tras aflorar el caso.

El juez Santiago Torres, titular del Juzgado 32 de Madrid, ha enviado un demoledor escrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que "nuevamente" solicita medios para poder abordar los complejos y abultados asuntos que colapsan su juzgado. Así lo han explicado a El PAÍS fuentes del órgano de gobierno de los jueces, partidarias de crear un juzgado bis de apoyo.

Hace unos días, los servicios de inspección del consejo visitaron el juzgado y comprobaron la magnitud del colapso. Y ya están redactando un informe en el que se propone la creación de un juzgado 32 bis que permita al juez Torres proseguir con los cientos de expedientes y denuncias que acumula el caso Guateque. Entre el centenar largo de imputados figuran empresarios de locales públicos y personas dedicadas a facilitar la gestión de las licencias. Los funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid implicados supuestamente recibieron dinero a cambio de agilizar licencias para locales.

En el escrito que remitió al Consejo General del Poder Judicial pidiendo más medios, el juez Torres describe un panorama desolador. Lo envió a comienzos de este año, después de que la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, retirase a los dos funcionarios interinos asignados provisionalmente al juzgado, tras aflorar el caso Guateque, y eliminar la prolongación de jornada a otros cinco funcionarios titulares de este órgano judicial, que ahora solo dispone de 11 trabajadores. En plaza de Castilla hay dos juzgados que tienen refuerzos en este momento, el 11 de Instrucción, cuyo titular, Juan David Pérez, lleva dos años dedicado en exclusiva a indagar el siniestro del avión de Spanair, y el número 43, también desbordado de asuntos. "El Juzgado de Instrucción 11 solo tiene dos imputados y ya está hecha la mayor parte de la instrucción, con lo que podría volver a la normalidad", sostienen fuentes del CGPJ.

Sin embargo, el juzgado de Torres está al borde del colapso. Hasta el punto de que el juez, en su escrito que obra en poder del Consejo, deja entrever la posibilidad de pedir traslado a otro órgano judicial si no se le dota de más medios. En ese escrito, Torres considera "acuciante" la creación de un juzgado bis, dado que durante el año 2009, en pleno proceso del caso Guateque, han llegado a su juzgado otras "causas de implicación masiva de imputados, con trascendencia internacional".Según el escrito que obra en poder del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado 32 de Madrid investiga en la actualidad, aparte del caso Guateque, otros sumarios especialmente complejos que suman decenas de imputados y 108 presos preventivos. En el texto, el juez añade que estos encarcelamientos cautelares obligan a dar prioridad a esos casos (la prisión preventiva tiene una duración limitada).

Simultáneamente, el juez Torres tramita una causa por delitos de homicidio y contra la salud pública que acumula ya 1.500 folios y ocho personas en prisión. De esta causa se han desgajado otras que apuntan a la implicación de "bandas organizadas de distribución de cocaína en España, blanqueo de capitales y extorsión". Aparte de los ocho reclusos, esta causa tiene otros 30 imputados.

Este juzgado también investiga en este momento otro macroproceso que acumula ya 8.000 folios (sin contar los 130.000 del caso Guateque) y en el que hay 29 personas encarceladas por delitos de asociación ilícita. Se trata de los miembros de una banda "de alcance internacional" dedicada a perpetrar robos de joyas y otros artículos para su posterior venta en el mercado negro. La detención de parte de los miembros de la banda ha permitido aclarar, de momento, 122 robos en locales públicos y casas privadas, aunque existen fundadas sospechas que indican que los detenidos pueden estar detrás de otros 400 robos cometidos en España y otros países.

En su informe al Poder Judicial, el magistrado explica: "La complejidad de la causa, por el número de intervinientes (imputados y víctimas), dada la necesidad de acudir a los instrumentos de cooperación judicial internacional, exige una dedicación judicial muy rigurosa. De hecho", añade el juez, "el procurador general de la República Portuguesa, el equivalente español al fiscal general del estado, ha tenido que designar a una procuradora como punto de enlace único en Portugal para entenderse con este juzgado, dada la incautación de numerosas joyas robadas procedentes de ese país. La atención que requiere el intentar dar respuesta a las peticiones producidas en las respectivas piezas de situación procesal agotan los esfuerzos del personal de este juzgado".

El Juzgado 32 de Madrid tramita, además, supuestos delitos societarios que afectan al club de fútbol Real Madrid, con más de 12 imputados y que requieren "complicadas diligencias de instrucción de naturaleza económica", señala el juez en su informe al CGPJ. Otro de sus asuntos es una causa de asociación ilícita por defraudación de IVA en operaciones intracomunitarias de importación de vehículos de alta gama, en la que hay otros 35 imputados. La causa ha empezado a tramitarse como un procedimiento abreviado, "lo que abocará a la casi paralización del juzgado para atender a los recursos", señala.

Además, Torres lleva otra causa por asociación ilícita, trata de blancas y blanqueo de capitales en varios países. De 3.000 folios se nutren ya estas diligencias. Y otros 5.000 folios más nutren otro sumario que también lleva el Juzgado 32 por asociación ilícita, falsedad y estafa, con otros 12 presos.

El juez Torres añade en su escrito al Poder Judicial: "La atención a tales causas absorbe los esfuerzos del juez y del personal del juzgado, de manera que resulta casi imposible atender el resto de las causas que van entrando a diario en el juzgado". Según el juez, la eliminación por parte de la Comunidad de Madrid de la prolongación de la jornada de algunos funcionarios del juzgado ha supuesto para él un sobreesfuerzo añadido. Torres afirma que si no se le concede otro juzgado bis, se verá forzado, por razones de salud, a pedir el traslado "y dejar este juzgado a otro juez más capaz".