El jurado popular condena a los tres acusados por corrupción en Gondomar

La defensa del ex edil de Urbanismo anuncia que recurrirá

El jurado popular ha declarado culpables este mediodía a los tres procesados por el cobro de comisiones a constructores en Gondomar a cambio de favores urbanísticos. Los tres condenados son los ex concejales de Urbanismo y Cultura, Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, que en el momento de los hechos pertenecían al grupo de gobierno del PP, y el arquitecto Borja Ramilo, que actuaba de intermediario en las extorsiones a promotores. La defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá el veredicto.

El juez encargado del caso deberá ahora concretar las penas. En la última jornada del juicio celebrada ayer, el fiscal redujo su petición de penas para los acusados de tres delitos de cohecho. José Luis Mosquera, también ex portavoz del gobierno local, pedía el dinero a los promotores para quedárselo, según cree el fiscal, y Alejandro Gómez, el ex concejal de Urbanismo, "no aparece nunca [en pruebas contundentes de delito] porque es más esquivo, no porque sea inocente", dijo.

La fiscalía cree que Mosquera pedía dinero para poder comprarse un piso
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En los casos de Mosquera y del arquitecto Borja Ramilo, el fiscal redujo su petición de penas por reconocer ambos su participación en los hechos y haber colaborado desde el principio con la Justicia. De aceptarse su petición, tendrán que pagar 135.000 y 70.500 euros, respectivamente, y estarán suspendidos de empleo y cargo público durante seis años, el primero, y durante 15 meses Ramilo.

En la petición para Alejandro Gómez, el fiscal ajustó la pena inicial en función de la cantidad menor que se reclamó a uno de los promotores, 180.000 euros, según su testimonio en la vista. A razón de 360.000 euros por cada uno de los delitos, Gómez tendría que pagar 1.080.000 euros y afrontar la misma suspensión durante seis años de empleo o cargo público. El letrado del ex concejal defendió su "absoluta inocencia" y "la falta de solvencia" de las pruebas (en las grabaciones telefónicas y en los testimonios, incluidos los de los agentes de la Guardia Civil) contra él.

Las conclusiones del fiscal y del defensor de Gómez polarizaron la última sesión del juicio. No hay duda de la culpabilidad de Mosquera, "una persona compleja", dijo el fiscal. "Mi opinión es que se estaba quedando el dinero para un piso", pero esto, añadió, es "irrelevante" porque "lo importante es que lo pedía". Mosquera, prosiguió, habla siempre en plural, implica de plano a Gómez, a quien le une una indudable buena relación, y si el concejal de Urbanismo esquiva pruebas inculpatorias más contundentes no es por su inocencia, sino porque "tiene un sujeto útil que le resuelve la papeleta de las peticiones".

La tarea de Gómez, según el fiscal, era resolver los aspectos urbanísticos con los promotores y condicionar la opinión del grupo municipal al respecto. El fiscal recordó que toda la junta de gobierno de Gondomar del anterior mandato está condenada por conceder licencias urbanísticas ilegales, "pero no el concejal de Urbanismo", subrayó para insistir en su condición escurridiza y fría, "la cabeza más sólida" del grupo popular de Gondomar, del que, sin embargo, destacó la acusación, ningún otro miembro acudió al juicio.

El defensor de Mosquera insistió en su "reparto de papeles con Alejandro en un mismo objetivo" y que el dinero - "aunque el delito no puede estar condicionado por su destino"- era para apoyar a Move Gondomar y al PP en Uruguay. El abogado de Gómez lo consideró "un apestado" del PP por escapar a la condena por las licencias ilegales y atribuyó su persecución a una motivación política que canalizó el promotor que hizo de cebo, antiguo militante de la desaparecida Esquerda Galega. En la trama, según el abogado del arquitecto Borja Ramilo, "no son todos los que están ni están todos los que deberían".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0004, 04 de junio de 2010.