El Gobierno seguirá negociando hasta que tenga lista la reforma laboral

La negociación de la reforma laboral se prolongará artificialmente hasta que el Gobierno concluya su decreto. Tras expirar ayer el enésimo plazo fijado para concluir el diálogo social, el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal decidieron "continuar reuniéndose en los próximos días", según un escueto comunicado emitido después de concluir sin acuerdo la que debería haber sido la última reunión para pactar una reforma laboral. Con esa huida hacia adelante, el Ejecutivo gana tiempo mientras redacta el decreto sin cargar con el peso de un fracaso en el diálogo social, según diversas fuentes de la negociación.

Nadie espera ya que de este proceso interminable surja un acuerdo que colme las expectativas depositadas sobre él y al mismo tiempo cuente con el aval de empresarios y sindicatos. Aun así, los responsables de CEOE, Comisiones Obreras y UGT volverán a verse mañana con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y probablemente algún día más de la próxima semana. Mientras tanto, el Ejecutivo irá avanzando en un texto con la intención de remitirlo al Consejo de Ministros del próximo 11 de junio o al del 18 de junio.

Las partes tienen previsto reunirse mañana y la próxima semana

El debate sobre las causas del despido genera las mayores discrepancias

La propia vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, acotó ayer las fechas. "Habrá reforma laboral hecha por el Gobierno antes de que termine junio si los agentes sociales no llegan a un acuerdo antes", aseguró en la clausura de la asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

Aunque los límites temporales otorgados a este proceso se han incumplido reiteradamente, Salgado reconoció que la necesidad de cambios en el mercado de trabajo se ha hecho más necesaria tras ser señalada como prioridad por los organismos internacionales y las agencias de calificación de riesgos. Ante un nutrido grupo de empresas familiares, la ministra admitió que pese a que la economía "avanza en su recuperación", lo está "haciendo a un ritmo demasiado lento y no han desaparecido los peligros sobre las turbulencias financieras".

La reforma laboral y la reestructuración de las cajas de ahorros son las dos prioridades del Gobierno, según Salgado. El presidente del IEF, Simón Pedro Barceló (que será relevado por Isak Andic en octubre próximo), confió en que haya reforma laboral antes de verano y pidió al Gobierno que la haga si no hay pacto.

Ese escenario de fracaso está prácticamente asumido por todos los negociadores. El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, considera "difícil" el acuerdo. En declaraciones a la prensa en el Club Siglo XXI, Díaz Ferrán se mostró ayer "convencido" de que esta semana el Gobierno y los agentes sociales no cerrarán la reforma.

Más allá de librar a cada una de las partes de la responsabilidad de dar por concluida la negociación, los contactos de mañana y de la próxima semana deben servir para que el Gobierno clarifique sus intenciones. Desde un primer momento, las posturas de CEOE por un lado y de Comisiones Obreras y UGT por otro han sido muy distantes. El problema es que el Ejecutivo no ha expresado con claridad lo que pretende, un ejercicio que las partes le han pedido que haga en las próximas sesiones, según fuentes sindicales. Los agentes sociales obtendrán así pistas de lo que el Ejecutivo prepara para su más que probable decreto. La generalización del contrato con despido más barato (33 días por año trabajado frente a los 45 ordinarios) y el endurecimiento del recurso al contrato temporal figuran entre las propuestas más destacadas.

Ninguna de ellas ha sido puesta sobre la mesa en la recta final de la negociación, aseguran varios integrantes, más allá del documento que Trabajo presentó el pasado 12 de abril con medidas aún poco concretas. En los encuentros más recientes, los negociadores gubernamentales se han dedicado básicamente a certificar las discrepancias entre empresarios y sindicatos, subrayan fuentes de la negociación.

Uno de los elementos que más contamina el proceso es la ampliación de causas del despido por motivos económicos que pretende la CEOE. Una vez cerrada la vía de la rebaja de cuotas sociales, los empresarios se emplean ahora a fondo en que el Gobierno agilice los trámites que un empresario tiene que cumplir y las razones que debe alegar para acogerse a un despido objetivo por causas económicas, con una indemnización de 20 días por año trabajado.

También ha irrumpido en las últimas semanas la idea de introducir más flexibilidad interna en las empresas (por ejemplo, eliminando trabas a las decisiones de cambiar a un trabajador de puesto o de funciones), algo que ha alejado aún más las posturas con los sindicatos. Con esas discrepancias de fondo, le corresponde ahora al Gobierno concluir formalmente lo que lleva meses enquistado.