Las defensas barajan pedir la nulidad de las grabaciones del 'caso De Miguel'

Han pasado dos semanas desde que se levantara el secreto de sumario del caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción y tratos de favor que tenía como cerebro al ex diputado foral y número dos del PNV alavés, rodeado de destacados militantes y altos cargos jeltzales. Los abogados que defienden a los imputados empiezan a afilar sus argumentos. Varios letrados consultados por este periódico barajan pedir la nulidad de las grabaciones aportadas por la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, que sustentan hasta ahora, junto a varios correos electrónicos, el grueso de la investigación.

Los letrados argumentan que las transcripciones de las cintas realizadas por la propia Alberdi no se corresponden (ver EL PAÍS del pasado domingo) con las realizadas por la Policía Judicial de la Ertzaintza en la instrucción dirigida por el titular del Juzgado número cuatro de Vitoria, Roberto Ramos. Según sostienen, las transcripciones de las grabaciones efectuadas por la Ertzaintza no son "ni de lejos" tan concluyentes como las que aportó la propia Alberdi. "No estamos hablando de diferencias menores, en las de la policía leo cosas que no se entienden", afirma uno de ellos, que solicita no ser identificado.

Entre las defensas cobra cuerpo la idea de que no puede ser 'café para todos'

"Hay cosas que no se entienden", dice un abogado de los imputados

La Policía Judicial sigue el rastro de dinero y empresas dejado por la trama

El amplio sumario pasa de 19 a 23 tomos en apenas dos semanas

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por Alberdi ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, en diciembre de 2009. La abogada afirmó entonces haber sido extorsionada por De Miguel y el ex burukide Aitor Telleria, después de que el propio De Miguel recomendara la contratación de su asesoría, Urbanorma Consulting, para el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, uno de los epicentros del escándalo.

La abogada es administradora de Urbanorma Consulting después de que otro de los vinculados a la trama, Iñaki Etxaburu, le vendiera su participación en la empresa. Alberdi dijo en su declaración que fue instada por De Miguel y Tellería a "pasar por caja" y pagar una comisión supuestamente pactada antes con Etxaburu sin su conocimiento. La abogada respaldó su denuncia en varias cintas de conversaciones con los ahora imputados, que fue grabando de forma meticulosa antes de acudir a la justicia.

Según los abogados de los imputados, al ser Alberdi protagonista de los hechos, la denunciante fue "interpretando" en sus transcripciones unas grabaciones que carecerían del carácter inculpatorio sin la contextuali-zación aportada por ella. Se abriría así la puerta a que los letrados aleguen que su versión no cumple "el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva" por la relación que mantuvo con los procesados.

Los letrados de los imputados recalcan también su intención de que un caso de esta magnitud, y con tantos matices, no puede resolverse con café para todos. Las ocho primeras personas detenidas en sus domicilios de Vitoria el pasado 17 de marzo fueron imputadas por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, mientras que los delitos atribuidos al conjunto de los doce procesados incluyen también prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En paralelo, la Policía Judicial de la Ertzaintza se esmera en seguir el rastro de dinero y empresas dejado por la trama, que de momento suma doce imputados. El volumen del sumario crece a velocidad de vértigo: los 19 tomos de hace quince días se han convertido en 23. No se descarta que haya más imputados a raíz de las pesquisas de los agentes, que podrían prolongarse durante meses teniendo en cuenta la cantidad de empresas y operaciones investigadas.

De momento, han trascendido dos líneas de investigación: por un lado, la relacionada con la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, punto de partida de la investigación judicial; y por otro, la adjudicación a dedo de contratos públicos a través de sociedades como Kataia Consulting, que supuso la imputación de dos altos cargos del Gobierno de Ibarretxe.

Tanto el PP como el líder de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, creen que lo descubierto es apenas la punta del iceberg. Los populares ya buscan, mediante preguntas parlamentarias, rastros de la trama en Vizcaya mientras que el secretario general del PSE alavés no duda en afirmar que el escándalo se debe a "un ajuste de cuentas entre los propios nacionalistas". Todo con las elecciones forales y municipales de 2011 a la vuelta de la esquina.

El Gobierno vasco, por su parte, espera que el juez acepte en las próximas semanas su personación en el caso para conocer en detalle el sumario. El Gobierno es accionista mayoritario del Parque Tecnológico de Álava.