Stoa asegura que rompió con Alberdi cuando "ella se negó rebajar su parte"

El imputado más reciente del denominado caso De Miguel, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, administrador de Stoa SL, empresa de Vitoria dedicada a la redacción de proyectos, negó en su declaración en sede judicial del pasado miércoles la versión de la denunciante de la supuesta trama de corrupción que acecha al PNV en Álava, Ainhoa Alberdi.

La abogada vizcaína, cuya denuncia sustentada en varias grabaciones y correos electrónicos propició la investigación judicial iniciada por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, afirma que el administrador de Stoa le apartó del contrato conseguido con el Parque Tecnológico de Miñano siguiendo instrucciones del ex diputado foral y número dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel, que supuestamente respondió así a la negativa de Alberdi de "pasar por caja" y pagar una comisión.

La rebaja para que Stoa no perdiera el contrato fue de 100.000 euros

Fernández Oleaga aseguró el pasado miércoles que optó por apartar a Alberdi del proyecto porque ella se negó a rebajar la cuantía que le correspondía una vez que se tuvo que "ajustar" el precio por la denuncia de otro concursante -Lugarfive-, que había advertido de la irregularidad de las dos cifras en la plica de Stoa y que comprometía la adjudicación. Precisamente este ajuste del precio final de Stoa dio pie a la imputación de la técnico Miren Lourdes Bilbao, empleada del Parque y que en la actualidad se encuentra de baja maternal. La adjudicación finalmente a Stoa fue por unos 100.000 euros menos de lo previsto.

Durante su declaración del miércoles en la Audiencia Provincial de Álava, y según ha podido conocer EL PAÍS, Fernández Oleaga atribuyó la duplicidad de la oferta a un "error de corta pega".

Alberdi sostenía que ella se decidió a dar el paso y denunciar la supuesta trama corrupta después de que fuera apartada del contrato obtenido por Stoa, donde su compañía Urbanorma Consulting cobraría por realizar labores de asesoría jurídica, según el convenio firmado con Sánchez Alegría, otro imputado.

El administrador de Stoa, en cambio, niega la mayor en base a la declaración a la que ha tenido acceso este diario. Fernández Oleaga sostiene que tras comunicarle a Alberdi el supuesto error en la contratación, que implicaba hacer el trabajo con menos recursos y, de paso, obligaba a ajustar los presupuestos pactados hasta entonces, pidió a la abogada que se adaptara a la nueva situación y accediera a rebajar la parte que le correspondía a Urbanorma, reflejado en el convenio en vigor, que se cifraba en 116.000 euros. La negativa de Alberdi a cobrar menos, en base a la afirmación del propio imputado en su declaración judicial, hizo que Fernández Oleaga se decidiera a apartarla del proyecto. Esta versión, lógicamente, es contraria a la que sitúa a Alfredo de Miguel como autor del veto a Alberdi para seguir trabajando en asuntos relacionados con Miñano.

Fernández Oleaga dijo el miércoles ante el juez que el baile de cifras en el proceso de adjudicación se produjo al copiar los datos de un contrato anterior. En cifras, aparecía una cantidad que superaba los 400.000 euros, mientras que en letras aparecía que el contrato debía ejecutarse por unos 350.000 euros. Otra de las candidatas a llevarse el suculento contrato, Lugarfive, también de Vitoria, recurrió esta decisión administrativa al considerarse perjudicada. Para enmendar lo ocurrido, la adjudicación fue supuestamente manipulada entre responsables del Parque de Miñano para que Stoa se llevara la adjudicación.