'Pretorianos' a comisión

Macià Alavedra y Lluís Prenafeta presionaron a dos consejeros socialistas de la Generalitat para que se favoreciera a la inmobiliaria Espais. A cambio, los dos ex altos cargos de CiU en los gobiernos de Jordi Pujol cobraron grandes comisiones de esa empresa, según consta en el sumario del caso Pretoria, de supuesta corrupción urbanística. Un informe de la Guardia Civil define esa actuación como una "clara, constante y dirigida mediación" de Alavedra y Prenafeta, basada en correos, llamadas, cenas, citas, etcétera", sobre Antoni Castells, consejero de Economía, y Joaquim Nadal, de Política Territorial.

Según la investigación judicial, el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), dependiente de Nadal, acabó comprando a Espais dos solares en 2008. Uno, en Cerdanyola del Vallès, por el que la Generalitat pagó más de 21 millones de euros, y otro en El Prat, por más de nueve millones. Prenafeta y Alavedra cobraron por cada una de esas operaciones más de 500.000 euros a través de las empresas Poliafers y Versabitur, respectivamente.

El Incasol compró a Espais dos solares en Cerdanyola y El Prat por 30 millones

Alavedra y Prenafeta intentaron también la venta de un edificio en la zona del Fórum. Espais pedía 89 millones y ellos se habrían llevado el 1,6% si la operación no se hubiera frustrado por tres motivos: la consejera Carme Capdevila rechazó instalar allí la sede del Departamento de Acción Social y Ciudadanía; la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, dijo que sacaría la compra a concurso, y cuando finalmente hubo acuerdo, no había dinero.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró ayer: "Pongo la mano en el fuego por Nadal y Castells". Este último no acudió ayer a la sesión semanal de control al Gobierno como es habitual en él, por "problemas de agenda".

La Guardia Civil relata que la intermediación de Alavedra y Prenafeta queda acreditada por las anotaciones que ambos realizaron en agendas y libros, y por los contratos hallados en el registro realizado en sus domicilios particulares, además de por las escuchas telefónicas y la revisión del correo electrónico. En una de esas anotaciones, del 6 de octubre de 2008, Prenafeta se dirige a Nadal como "querido amigo", y en otra, del 1 de diciembre de aquel año, como "buen amigo".

También intentaron presionar al consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, para que Aguas de Barcelona comprara a Espais otro solar en El Prat, pero la operación se frustró. "El consejero Baltasar todavía no me ha dado hora para la entrevista que le solicité. Me dicen, sin embargo, que dispone de una falta total de efectividad y que no vale la pena perder el tiempo con él", escribió Prenafeta en su diario.

La imputación de Alavedra y Prenafeta en ese caso no deriva de esas comisiones, que no se consideran delictivas, sino de los 637.590 euros que cobró cada uno por su mediación en dos de los tres pelotazos urbanísticos de la trama, que respondieron a un mismo patrón. Los ayuntamientos aprobaban un proyecto, pero se paralizaba por diversos motivos, hasta que la Generalitat modificaba el plan urbanístico y se beneficiaba siempre a la empresa promotora. De esa manera, la revalorización de los terrenos no repercutía en los ayuntamientos (Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres), a cuyas arcas se causó un perjuicio de 32,3 millones de euros. El intermediario de esas operaciones fue siempre Luis García Sáez, ex diputado del PSC, que cobró más de ocho millones de euros de comisiones ilegales.

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