Una mina funciona ilegalmente en una zona protegida

En Torrejón de Velasco tienen una mina ilegal que es responsable de importantes daños ambientales. La explotación de sepiolita, un mineral utilizado como absorbente industrial, se encuentra en el Cerro de los Batallones, una zona no urbanizable, protegida y de valor paisajístico que es desde 2001, además, Bien de Interés Paleológico. El grupo Tolsa la explotó regularmente durante 30 años en virtud de una concesión que caducó en noviembre de 2007 y no se prorrogó. Desde entonces, las extracciones han continuado de forma ilegal.

En la mina no existe control de emisiones de polvo, y las máquinas han causado daños a la vegetación y el paisaje. Encinas y coscojas han sido arrancadas por el paso de camiones, y el terreno aparece lleno de taludes, huecos y acopios de minerales a pesar de que las licencias otorgadas a la empresa exigen que el paisaje no se vea afectado. "Este tipo de explotaciones necesitan de un control muy estricto, pues estamos ante minerales vectores de enfermedades respiratorias muy graves como la silicosis", argumentan desde Ecologistas en Acción.

Los ecologistas advierten de que "crea enfermedades muy graves"

La licencia de Tolsa no se prolongó porque para ello la Comunidad requería un informe de Impacto Ambiental. Como la empresa nunca lo presentó, a partir de noviembre de 2007 solo estaba autorizada a trabajar en la zona para restaurarla. Sin embargo, inspectores de la Dirección General de Medio Ambiente constataron en julio de 2009 que, después de que expirase la cesión, se han extraído más de 39.000 metros cúbicos de mineral.

La inspección respondió a una denuncia de Ecologistas en Acción ante la Comunidad de Madrid en junio de 2009. La cantidad de irregularidades registradas era impactante. Tolsa no solo incumplía las prohibiciones de continuar excavando, la última emitida el 10 de junio de 2009 por la Dirección General de Minas, y carecía de la declaración de Impacto Ambiental y del estudio de Impacto Ambiental para las extracciones; ni siquiera tenía las licencias de actividad municipales. En cuanto a la restauración, no se había avanzado demasiado: el paisaje continuaba muy dañado.

En nombre del grupo Tolsa, su director industrial, Rafael Solana, niega todos estos puntos y asegura que únicamente se han continuado las labores de restauración. "Nunca extraemos sin la pertinente autorización. Desde que en Minas nos han dicho que paremos, lo hemos hecho. En las inspecciones no se ha podido demostrar que haya habido ninguna extracción". Según su versión, la razón por la que no se siguieron los trámites para prorrogar la explotación es porque "la mina está agotada".

A pesar de contar con el informe negativo de los agentes medioambientales, el Gobierno autónomo no abrió expediente hasta febrero de 2010, una semana después de que el PSOE solicitase la comparecencia de Federico Ramos de Armas, director general de Medioambiente de la Comunidad, protesta el portavoz de Medio Ambiente del PSOE en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo.

Ramos de Armas reconoció en una comparecencia ante la Asamblea que Tolsa había estado trabajando en una situación irregular, y aseguró que la Comunidad tomará medidas. Prometió "que la sanción será proporcional, si corresponde, a este daño causado; que además deberán restaurar el daño que ya han producido, que se le impondrá una multa pecuniaria".

Socialistas y ecologistas no entienden cómo ha podido pasársele por alto tanto tiempo el problema a la Comunidad. La mina no está oculta ni es pequeña (mide 26.000 metros cuadrados). Ambos señalan que los intereses económicos están detrás de la pasividad de la Administración. El grupo Tolsa y Madrid producen la mayoría de sepiolita de España, un material para exportación.

Ramos no pareció afectado por la crítica. "¿Que nos critican que no somos una maquinaria especialmente rápida? Bien, siempre podemos ser más rápidos", respondió.