El segundo fracaso

La intervención de Cajasur, la caja fundada y gestionada por la Iglesia católica, en la madrugada del sábado, después de un rocambolesco fracaso de la fusión con Unicaja en el último minuto, resume las dificultades que están atascando el proceso de rescate de las cajas de ahorros y suscita muchos recelos sobre la capacidad del sistema financiero para regenerarse por el sistema de fusiones.

La noticia y sus consecuencias son pésimas. Cajasur estalla en el mismo momento en que los inversores dudan de la solvencia de los activos españoles, lo cual hace temer nuevas subidas del diferencial de deuda en los próximos días; y llega cuando el Gobierno se dispone a aplicar un drástico recorte del gasto. Los depósitos de Cajasur están garantizados después de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la entidad, cuyo Consejo de Administración fue destituido de forma fulminante, seguirá operando con relativa normalidad.

El fracaso de la fusión (el segundo que cosecha Unicaja) no puede despacharse sin más con una intervención de urgencia y la tranquilidad de que la quiebra de Cajasur no implica riesgo sistémico. Existe una culpa flagrante de los directivos, con su presidente, el sacerdote Santiago Gómez Sierra en primera línea, en la gestión de la caja andaluza, a la que han dejado con unas pérdidas de casi 600 millones en 2009; y esa responsabilidad se agrava por la incapacidad del Consejo para aprobar una fusión que era la salida más honorable y más barata. En su lugar, sea por la falta de entendimiento con Unicaja, sea por el pánico a un conflicto laboral, los consejeros de Cajasur decidieron endosar el problema al erario público (el FROB ha inyectado 550 millones en la entidad). La moraleja, vista desde la calle, es sencilla: mientras los parados, los pensionistas y los funcionarios pagan las consecuencias de la crisis, el Consejo de Cajasur carga sobre el Estado la factura de su incompetencia.

Ahora le corresponde al Banco de España actuar con el máximo rigor. Después de la destitución del Consejo (que debería extenderse a la Fundación), el regulador tiene que abrir una investigación para determinar si cabe exigir responsabilidades civiles a los gestores. No es saludable asistir a rescates financieros con dinero público sin corregir las conductas de quienes arruinan instituciones saneadas.

El Banco de España tampoco queda en buen lugar. Sus advertencias no han evitado el estropicio de la fusión andaluza (Cajasur es la segunda intervenida, después de la de CCM en marzo de 2009). Algunos Gobiernos autónomos (Galicia en especial) han desafiado su autoridad y han impuesto, contra toda racionalidad, fusiones de cajas con el único criterio de mantener una ventanilla para asegurar los préstamos regionales. El tiempo se acaba, hay riesgo de insolvencia en varias cajas y flaquea el método elegido para las fusiones. Si hay un momento adecuado para demostrar que el Banco de España controla firmemente la reforma financiera, es este.