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Torear la supervisión financiera

Después de una corrida en A Coruña, el torero Rafael Gómez, El Gallo, exclamó: "Ya estamos en Sevilla". "Pues no está lejos Sevilla", contestó un paisano. Y El Gallo replicó: "Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es A Coruña". Esta anécdota ilustra cuán lejos están los Gobiernos y el Parlamento Europeo de alcanzar un acuerdo sobre la supervisión de las entidades financieras. Mientras nosotros queremos anticipar el mañana, ellos siguen empeñados en mirar atrás y sin acuerdo todo puede quedar bloqueado porque ambos tienen idénticas competencias legislativas.

Las discrepancias vienen de 1999, cuando se acordó el mercado interior de servicios financieros. Entonces el Parlamento advirtió que sin un avance paralelo en materia de supervisión acabaríamos en una crisis sistémica, porque es imposible que supervisores cuya jurisdicción termina en las fronteras nacionales controlen instituciones financieras que operan en todo el territorio europeo.

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Cuando llegó la tempestad porque no nos hicieron caso, encargaron el informe Larosière. Sobre él, han propuesto establecer una Junta de Riesgos Sistémicos, para la supervisión del sistema en su conjunto, y tres Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de bancos, seguros y fondos de pensiones, y mercados y valores. Pero su propuesta prevé el mismo régimen jurídico para supervisar la sucursal en París de una pequeña caja de ahorros, que para una de esas grandes instituciones financieras cuya quiebra arruinaría el sistema y la economía real.

Un fallo que advierte hasta Lord Turner, presidente de la Financial Services Authority británica, para quien solo hay dos opciones: bien dando a los supervisores nacionales poder para controlar a los bancos que operen en su territorio, incluidas sucursales, y la de decidir sobre su solvencia y liquidez, o bien avanzando hacia una mayor integración de la supervisión europea.

Frente a la solución nacional de los ministros, la Eurocámara apuesta por la contraria; mejor supervisión y más Europa. Queremos que la Autoridad Europea supervise las entidades transfronterizas cuando se encienda la luz amarilla, que advierte de la entrada en zona de riesgo. Si la cosa empeora y aparece la luz roja, una Unidad de Resolución Bancaria Europea será quien adopte las medidas necesarias (sustitución de los administradores, requisitos de capital o liquidez, ventas de activos, liquidación ordenada... etcétera) para evitar el contagio y preservar la estabilidad. Y si al final hay que poner dinero proponemos que un fondo, prefinanciado por el propio sector, corra con la factura en vez de que lo haga el contribuyente. Por fortuna, los vientos soplan en nuestra dirección y no en la de los ministros, pues el FMI y la Comisión Europea parece que quieren convertir el principio de "quien contamina, paga" en el nuevo lema de la regulación financiera.

La Presidencia Española de la UE debe torear un nuevo consenso en materia de supervisión que sustituya al que han defendido hasta ahora, más próximo al pensamiento neoconservador que al de quienes creemos en la regulación para frenar la "exuberancia irracional" de los mercados. Zapatero tiene que coger el toro por los cuernos. Si no lo hace, la crisis financiera nos volverá a pillar en paños menores.

José Manuel García-Margallo y Marfil es vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 18 de mayo de 2010.

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