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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Indignante insolidaridad

Desde Intermón Oxfam lamentamos que las medidas anunciadas para reducir el déficit socaven políticas sociales, en lugar de repartir el impacto de la crisis de forma justa y progresiva. Las declaraciones de Díaz Ferrán solicitando una mayor rebaja de las partidas de ayuda al desarrollo -aduciendo que los inmigrantes ya envían dinero a sus familias- son indignantes. Es fácil hablar con ligereza sobre los esfuerzos que deben hacer los demás, sin mencionar la parte de responsabilidad de la clase empresarial en esta crisis, y qué esfuerzos van a hacer para contribuir a superarla. No es cierto que las medidas anunciadas nos afecten a todos equitativamente. No hemos visto cómo afectan a los más ricos ni a los especuladores que han creado esta crisis. Un recorte de 600 millones de euros en la ayuda al desarrollo es una condena para millones de familias pobres cuando más la necesitan y las cifras de hambre en el mundo baten récords históricos.

Por eso, declaraciones como las de Díaz Ferrán son profundamente desafortunadas. No es de recibo cuestionar la solidaridad de la sociedad española, probada incluso en tiempos de crisis, como hemos visto en el caso de Haití. El énfasis habría que ponerlo en repartir el impacto de la crisis de forma justa, atacar la evasión fiscal, que derrocha preciosos recursos aquí y en los países en desarrollo, y regular de una vez los paraísos fiscales. La ciudadanía española no entiende que no se hayan puesto sobre la mesa propuestas en este sentido.

Las soluciones justas son posibles: organizaciones como Intermón Oxfam llevan meses proponiendo medidas para aumentar los ingresos públicos sin perjudicar a los ciudadanos de a pie, como una mínima tasa sobre las transacciones financieras que los bancos hacen entre sí. Esto permitiría recaudar casi 400.000 millones de euros al año para las políticas sociales y el desarrollo, 80 veces la cantidad que supondrá este recorte fatal en 2010. Aunque en España no existe aún una legislación que obligue al cumplimiento de objetivo de destinar el 0,7% de PIB para reducir la pobreza, sí existe un pacto de Estado firmado por todos los partidos en este sentido.

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