La ley se modifica para no pagar los atrasos a las personas dependientes

La deuda acumulada con los ciudadanos por los retrasos en los trámites de la Ley de Dependencia supone cerca de 700 millones de euros. El año pasado, el 40% de todo el gasto en prestaciones económicas se fue en retroactividad, en pagar atrasos. Muerto el perro, se acabó la rabia. En junio, el Gobierno aprobará un decreto ley para que las comunidades entreguen las ayudas en los seis meses establecidos y, si no se retrasan, se ahorrarán los pagos por retroactividad que hasta ahora se contemplaban en la ley. Pero cada mes que pase de los seis previstos, la deuda volverá a correr y las comunidades tendrán que pagarla. Eso supone, según el Gobierno, un ahorro de 624 millones en tres años, que permitiría atender a más de 48.000 personas.

Aunque el texto dice que se deben abonar los atrasos desde el momento de la solicitud, sólo algunas lo hacían así; otras ni siquiera pagaban. En algunas regiones se retribuía desde el momento en que se valoraba al ciudadano y en otras desde que le prescribían la ayuda. Todo eso lo perderán los ciudadanos dependientes, que querrán que sus solicitudes se resuelvan no en seis meses, sino en uno, porque ya no hay pagos atrasados.

¿Pero qué pasa con la deuda generada hasta ahora por atrasos? Las comunidades tendrán hasta cinco años para pagarla a plazos, un balón de oxígeno que beneficia sobre todo a las que peor han gestionado esta ley -Canarias, Valencia, Baleares, Madrid, Cataluña- porque es donde más tiempo esperan los ciudadanos la ayuda a la que tienen derecho, en ocasiones entre 12 y 18 meses. La propuesta del Gobierno es que paguen un quinto cada año. Eso les permitirá, dicen, una liquidez de 431 millones en los tres años próximos, para atender a 21.400 personas. Los gobiernos autónomos decidirán. Esos pagos aplazados pueden convertirse en una herencia macabra para los familiares. Más de la mitad de los dependientes son mayores de 80 años y su esperanza de vida no supera los dos o tres años más.

La retroactividad sólo se paga en dos casos: cuando se trata de una prestación económica para cuidar al anciano en casa o en la llamada prestación vinculada al servicio, una cuantía que recibe el usuario para costear, por ejemplo, una plaza en una residencia privada porque no hay públicas disponibles. En este caso es aún más grave, porque si los familiares no tienen dinero para pagar la residencia de nada les servirá que los atrasos lleguen años después.

El Gobierno considera que la medida contribuirá a "desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestación económica en favor de los servicios", dijo ayer el secretario general de Política Social, Francisco Moza.

Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la medida "puede agilizar el sistema porque obliga a las comunidades a resolver en seis meses o, de lo contrario, a pagar con carácter retroactivo".