La agencia pública del agua se ahoga

El recibo del agua no subirá este año, electoral y de crisis. "Los ciudadanos pueden estar tranquilos", asegura el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. Pero al Gobierno catalán que surja de las elecciones de otoño le caerá una losa descomunal: las finanzas de la empresa pública que gestiona y planifica todo el ciclo del agua, la Agencia Catalana del Agua (ACA), se ahogan. Tiene una deuda de 1.944 millones de euros y este año crecerá en 280 millones más. Su director general, Manel Hernández, ha llegado a admitir en el Parlament que, de tratarse de una compañía privada, la entidad ya habría quebrado.

El Plan de Gestión del Agua 2010-2015, en fase de información pública, considera "insostenible" el actual modelo de financiación y reclama la creación de "nuevos instrumentos" para afrontar lo que cuesta la prestación del servicio y las nuevas infraestructuras pendientes, que requerirán unas inversiones de 9.405 millones de euros en los próximos seis años (están pendientes de ejecutar 7.523 millones, de los que a la ACA corresponden 3.639 millones). No hay grupo político que no haya reconocido en el Parlament la urgente necesidad de dotar de un nuevo marco financiero que las estabilice, de resultas de una moción de CiU. Pero los deberes quedan para la próxima legislatura.

Una moción de abril del Parlament abre la vía a la subida de tarifas

La deuda de la ACA se ha multiplicado por 2,5 entre 2004 y 2010

Los costes que genera la explotación del ciclo del agua -los que exigen la gestión de embalses, desalinizadoras, plantas de depuración y los sistemas de distribución hasta el consumidor-, se elevan a 1.684 millones al año. Sin embargo, los ingresos que aportan las tarifas que pagan los usuarios sólo suben a 1.145 millones. Así, la recuperación de costes se limita al 68%, según la ACA, que los cuantifica de cara a 2015 en 2.212 millones anuales.

La agencia estima que los costes totales del ciclo del agua en 2015 se situarán entre 3,02 y 3,38 euros por metro cúbico. Hoy, el precio medio ponderado de la factura es de 1,70 euros por metro cúbico. Eso no significa que el recibo vaya a subir, en equivalencia, entre el 77% y el 81%. Todo el modelo de financiación debe revisarse. Pero, sin duda, se avecina un incremento de precio "que deberá realizarse de forma gradual y consensuada", según el Plan de Gestión del Agua, que permitirá disponer de hasta 389 hectómetros cúbicos más de agua por año.La distancia entre lo que entra en la caja y lo que sale de ella se ha ido cubriendo, en parte, con aportaciones del Estado y la Generalitat, pero, sobre todo, ha sido posible inflando sin pausa el endeudamiento global de la agencia. Hasta el punto de que el 20% de la recaudación del canon que incluye el recibo del agua se destina sólo a pagar los intereses de la voluminosa deuda acumulada.

En 2009, el endeudamiento de la Agencia Catalana del Agua (ACA) totalizó 1.357,85 millones. A ella se le sumaron los 587 millones de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), responsable de abastecer de agua "en alta" -se ocupa de todo lo que ocurre entre la captación del agua y su llegada a los depósitos municipales, pero su actividad excluye la distribución a los domicilios- a Barcelona y a ocho comarcas de su entorno. En total, 1.944,85 millones. Los Presupuestos de la Generalitat para 2010 permiten a ambas entidades endeudarse hasta 1.578,69 y 642,93 millones, respectivamente, lo que supondría autorización para alcanzar 2.222 millones de euros a finales de este año.

En 2000, cuando se creó la ACA, heredera de la junta de saneamiento y de la dirección general de obras hidráulicas, su deuda "de nacimiento" ascendía a 571,61 millones. El ex consejero Salvador Milà (ICV) criticó duramente el recurso al endeudamiento en tiempos de CiU, cuando se encontró, ya en el arranque del primer tripartito, con 874 millones de deuda. CiU lamenta que, en dos legislaturas de tripartito (entre 2004 y 2010) se haya pasado de 874 a 2.222 millones de endeudamiento, 2,5 veces más. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los ingresos de la ACA han aumentado entre 2003 y 2009 de 244 millones a 357 millones, aunque siempre se han incrementado menos que los gastos. La relación entre ingresos y deuda ha pasado de 3,6 veces en 2003 a seis, seis años después.

Las necesidades de infraestructuras son el origen de esa abultada deuda. Sólo en el periodo 2006-2010, la inversión destinada al agua ha ascendido a 1.711 millones. El Gobierno de José Montilla saca pecho con ella. En cualquier caso, el director general de la ACA y el Plan de Gestión del Agua dicen que el grado de endeudamiento ha llegado al "límite técnico admisible". O sube el canon o se incrementan las aportaciones vía presupuestos.

Desde 2006, un contrato programa completa el dinero que recibía la ACA para afrontar inversiones. No son cuantías muy elevadas (20 millones de euros en 2006 y cinco millones adicionales hasta los 40 previstos para 2010). Pero tampoco se han cumplido, en este tiempo de recorte presupuestario. En 2009, se le dio 25 millones y en 2010, sólo 28 millones. El agotamiento de los recursos del fondo de cohesión de la UE lo complica todo.

El Plan de Gestión del Agua reconoce que repercutir en el recibo la inversión pendiente es "socialmente impagable", de modo que deja la financiación en manos del dinero que llega del Estado en virtud de la disposición adicional tercera del Estatuto. La guerra entre departamentos por el dinero que durante siete años el Gobierno central acepta traspasar a Cataluña está servida. Todo ello va rematado con la reducción de consumo en los últimos cinco años, del 7,6% y del 13,17% en el caso de la industria. Eso se debe a la concienciación social y a que el canon se ha adaptado: quien más consume, más paga. Y eso produce una paradoja: cuanto mejor se porta el ciudadano en consumo y contaminación, más penaliza los ingresos de la ACA, porque paga menos. Las empresas pondrán el grito en el cielo si, habiendo reducido su contaminación y su consumo, les suben ahora el canon.

La moción forzada por CiU a finales de abril, y aprobada por todos los grupos menos el PP, señala el camino que seguir, al reclamar "instrumentos financieros suficientes, estables y duraderos en el tiempo", por varias vías. Se pide un plan para contener la deuda, un nuevo contrato programa entre 2011 y 2018 que suponga "mayor implicación económica" de la Administración catalana, dinero de la disposición adicional tercera del Estatuto para financiar las inversiones en curso y las pendientes y -aquí viene el lío- "tender de forma concertada con agentes sociales y económicos al mandato de recuperación de costes que establece la directiva marco del agua". Es decir, que se abre la vía a subir el canon para que el precio del agua que pagan los usuarios refleje los costes reales del ciclo del agua. Deberá hacerse de un modo "gradual" y, dice el pacto, sin que afecte a las economías domésticas ni a la competitividad empresarial.