La responsabilidad

Cuatro días después del último fracaso hay que dar un paso más y analizar por qué en una España con una coyuntura alarmante no es posible que los líderes de los dos principales partidos políticos lleguen al gran acuerdo de saneamiento y reforma de la economía que les exige la casi totalidad de la ciudadanía y el sentido común. (Y de paso, evaluar por qué es imposible la firma de un pacto sobre la educación, sobre el que hay unanimidad, pese a la voluntad política, el conocimiento y la flexibilidad del ministro de Educación, Ángel Gabilondo).

La hoja de ruta trazada por la vicepresidenta Elena Salgado es la siguiente: reducción del déficit público en tres años desde el 11,4% del PIB actual al 3% (para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) mediante un plan de austeridad en el que tienen que participar los distintos niveles de las Administraciones Públicas (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos); y reestructuración del sistema financiero para que vuelva a fluir el crédito, imprescindible para recuperar la senda del crecimiento.

Si están de acuerdo en que la prioridad es reducir el déficit, ¿por qué no se ponen a discutir el método?

La primera parte de esa hoja de ruta (tanta reducción del déficit en tan poco tiempo) es discutible en términos de generación de empleo, pues probablemente implica desatender los estímulos públicos necesarios para sustituir la anemia inversora privada. Pero esa discusión no la plantea el PP, para quien (Rajoy dixit en el atril de la Moncloa) el gasto público y la reducción del déficit debe ser la "primera prioridad" de la política económica.

Entonces, ¿por qué no se ponen a discutir sobre ello -sobre el mix de incrementos de ingresos y reducción de gastos necesarios para volver al 3% de déficit- y se quedan en la espuma de las cosas? Un Gobierno que se presente a las elecciones con el cuadro macroeconómico actual corre el riesgo de perderlas estrepitosamente. Pero una oposición responsable también lo debe tener en cuenta si pretende gobernar en el futuro, si no quiere sufrir un rápido deterioro de sus apoyos políticos y sociales (véase el caso de Grecia), por tener que aplicar una política de rígor mortis más que un programa de ajuste clásico (que en definitiva es un mecanismo de intervención pública, al margen del mercado, para devolver a un país a su nuevo nivel de bienestar, más austero). Sería un suicidio por mucho que primen sus ambiciones de poder a cortísimo plazo.

Y sin embargo es lo que está ocurriendo. Ni al Gobierno se le ha notado entusiasmado nunca por ese gran acuerdo ni ha hecho pedagogía sobre el mismo (al revés de lo que ha sucedido con el pacto de la educación rechazado por el PP), ni el PP ha comparecido jamás con alternativas concretas y viables. Ha prevalecido el intento de desgaste del contrario mucho más que el interés general. El ejemplo de la comparecencia conjunta del Gobierno y la oposición en Portugal la pasada semana no ha sido seguido en nuestro país. Se lo tendremos en cuenta el día del voto.